16 de agosto de 2024
Persecución en Venezuela: como en Nicaragua, el parlamento chavista aprobó una ley para regular a las organizaciones civiles
El texto, aprobado por unanimidad, ha sido blanco de críticas de activistas, que aseguran restringirá derechos civiles
El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, dijo que la aprobación de la normativa fue por unanimidad.
La norma de 39 artículos contempla que los grupos deben inscribirse ante Servicio Autónomo de Registros y Notarías, como era antes de la nueva norma, pero ahora deberán declarar “si su financiamiento es o será realizado, total o parcialmente, a través de personas naturales o jurídicas extranjeras”.
La norma advierte que se prohibirá la inscripción a las organizaciones que promuevan el “promuevan el fascismo, la intolerancia o el odio por motivos raciales, étnico, religioso, político, sociales, ideológico, de género”.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, había pedido el martes temprano que las autoridades no adoptaran “estas u otras leyes que socaven el espacio cívico y democrático en el país”.Tras las elecciones presidenciales, las ONG e instancias como la ONU han advertido de una ola represiva con cientos de detenidos, al menos 23 muertos, la cancelación de pasaportes a periodistas y activistas, el debate de leyes como la de las organizaciones sin fines de lucro, investigaciones judiciales contra opositores y el bloqueo temporal de redes como X.
“Al final lo que se quiere es reprimir a las ONG con este proyecto de ley que se une a la ola represiva luego del 28 de julio y que lo que busca es cerrar definitivamente el espacio cívico”, dijo el abogado Ali Daniels, codirector de Acceso a la Justicia, una asociación civil que monitorea el sistema legal.En Venezuela funcionan más de medio millar de fundaciones y grupos no gubernamentales que se dedican a temas desde atención de presos, monitoreo de la situación de violencia, revisión de casos de ejecuciones extrajudiciales, libertad de expresión e indicadores económicos y sociales, entre otros.
El Parlamento también trabaja un proyecto de ley llamado antifascismo, que castigaría con hasta 12 años de prisión a cualquiera que promueva la violencia en actos políticos. El gobierno ha clasificado las protestas post electorales como “actividades fascistas”.