12 de agosto de 2024
El Gobierno porteño suspendió por seis meses los permisos de nuevas obras: los detalles de la medida
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Jorge Macri firmó un decreto que no autoriza el inicio de nuevas construcciones. La medida se efectuó a la espera de cambios en el Código Urbanístico, proyecto que ya fue enviado a la Legislatura. Desarrolladores, constructores y agrupaciones vecinales, en contra
>Tal como adelantó ayer Infobae, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires Esta medida se conoce días después de que el Jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, presentara a la legislatura el proyecto para los cambios al CUR, la normativa que regula qué y en dónde se construye en CABA, sancionada en 2018 (que recibió algunas reformas en 2020 y 2022).Las propuestas del gobierno, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano que encabeza Álvaro García Resta, buscan un equilibrio en el tejido urbano a partir de la preservación de barrios con edificaciones de baja altura, la revalorización de los inmuebles con valor patrimonial y la creación de incentivos para los desarrolladores.
La suspensión también incluye la paralización de consultas de interpretación urbanística y la inscripción de nuevos proyectos en etapa de desarrollo, a menos que cumplan estrictos criterios, como una altura máxima de 9 metros. Estas áreas, denominadas USAB, son zonas residenciales de baja altura, diseñadas para preservar el carácter barrial de la ciudad.
Los criterios que guiarán las modificaciones buscan un ajuste al CUR y se trataría en breve en la Legislatura, donde ya ingresó el proyecto la semana anterior. Entre las restricciones del decreto se incluyen:- Los trámites de consultas y certificados urbanísticos, utilizados en procesos de negociación de venta de terrenos, requieren un menor nivel de confección de legajo técnico.El nuevo código propone medidas para resguardar la identidad barrial, limitar las alturas de los edificios en zonas residenciales y promover la sostenibilidad urbana. Los grandes desarrollos solo podrán llevarse a cabo en avenidas con la infraestructura adecuada, buscando crear espacios más permeables dentro de las manzanas. Además, la reforma busca revitalizar los centros comerciales barriales y fomentar el desarrollo en la zona sur de la ciudad, mediante un sistema de incentivos.En un comunicado conjunto, la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU), la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Asociación Empresaria de Vivienda (AEV), entre otras entidades del sector, expresaron su disconformidad con la medida tomada por el gobierno porteño.
Las entidades advirtieron que esta decisión afectará la actividad y generará incertidumbre en un momento en el cual es más importante que nunca promover las inversiones y generar empleo en el país. Señalaron que se desaprovechan iniciativas positivas en curso, como el blanqueo para la construcción y la aparición de créditos hipotecarios. “Nos explicaron sus razones, que entendemos pero no compartimos. Existen mecanismos disponibles para evitar especulaciones sin afectar la seguridad jurídica, y las hemos propuesto. Hasta que se sancione un nuevo código tras su debido proceso participativo, debería tener plena vigencia la norma actual”, destacaron, resaltando su posición en el marco del diálogo que fomentan.
El tratamiento legislativo del proyecto podría extenderse hasta fin de año, requiriendo al menos cuatro meses y 31 votos positivos de los 60 diputados de la ciudad.
Jorge Macri explicó que el objetivo es proteger la identidad de la ciudad y fomentar un crecimiento sostenible, actualizando el Código Urbanístico para respetar la identidad de cada barrio.El Código Urbanístico sancionado en 2018 estableció una revisión periódica y ahora comienza el proceso de discusión en la Legislatura. Primero, el proyecto se asigna a las comisiones correspondientes, como Planeamiento Urbano y Asuntos Constitucionales. En estas comisiones se realizan reuniones de asesores, diputados y sesiones informativas. Luego, el proyecto se somete a tratamiento y votación en sesión de primera lectura. Si es aprobado, se convoca a una audiencia pública aproximadamente 15 días después.
Posteriormente, el proyecto tiene un plazo máximo de 60 días entre la primera lectura y la audiencia, y no más de 90 días entre la audiencia y la segunda lectura. Finalmente, se trata y se vota en sesión de segunda lectura para su aprobación definitiva.COMPARTIR:
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