Un año después del incidente, el Consejo Federal Pesquero de Argentina concedió licencias para operar en aguas argentinas a dos buques extranjeros, bajo la fachada de una empresa local, pero cuyo propietario beneficiario final era CNFC. Esta decisión violaba regulaciones locales que prohíben a embarcaciones extranjeras pescar en aguas argentinas o enarbolar la bandera del país, así como otorgar licencias a operadores con antecedentes de pesca ilegal. “La decisión fue una contradicción total”, afirmó Eduardo Pucci, ex subsecretario de Pesca a la publicación internacional.