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4 de agosto de 2024

Todos los impuestos detallados en el ticket: cuándo será obligatorio y por qué se resisten los supermercados

El Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor incluido en el Paquete Fiscal deberá empezar a regir en enero. ¿Reglamentación en puerta?

>El paquete fiscal aprobado por Ley el pasado 8 de julio, junto con la Ley Bases, incorporó el Se trata de una iniciativa impulsada por Lógica, una entidad sin fines de lucro apartidaria, que trabajó durante bastante tiempo en el tema y logró que el oficialismo adoptara el proyecto como propio y lo incluyera en el paquete fiscal.

Sin embargo, y aunque faltan cinco meses para que se ponga en práctica, algunos sectores involucrados ya advierten que la medida será inaplicable y que implicaría una enorme carga administrativa. Es el caso de los grandes supermercados, que además de pedir una simplificación en la futura reglamentación, que saldrá por AFIP, reclaman una prórroga porque afirman que no podrán hacer las correspondientes pruebas durante los meses previos a enero, ya que se trata de la temporada alta de ventas y no pueden correr riesgos.

“Un cambio tan profundo debiera ser reglamentado y comunicado con al menos 8 meses de anticipación. Caso contrario, podría ser motivador de un freno del comercio y la economía hasta tanto se pueda facturar con estos nuevos requisitos. Vale recordar que las penalidades referidas a cuestiones de errores de facturación pueden llegar hasta la clausura de los establecimientos”, señalaron a Infobae desde una cadena.

Según la Ley, esta obligatoriedad de transparentar los impuestos aplica a toda venta que sea dirigida a un consumidor final, pero en Brasil, de dónde Lógica -y también el Gobierno- intentar copiar el sistema, están excluidas las pymes. En la Argentina, eso dependerá de la reglamentación. Pero según el presidente de la asociación, Matías Olivera Vila, “deberían quedar afuera también”.

Mientras que Olivera Vila avanza con reuniones con funcionarios provinciales para impulsar la adhesión, desde el supermercadismo le pusieron paños fríos a la norma y empezaron a advertir sobre las dificultades que provocaría la aplicación de la norma.

“En el caso de la adhesión de las provincias y municipios, se dispararía una serie de inconvenientes, como, por ejemplo, gran complejidad para parametrizar la incidencia de Ingresos Brutos y tasas municipales, dado que gravan los distintos ingresos de las compañías y no existe una vinculación directa con el precio de venta de cada producto”, contó a este medio otra fuente del sector.

Y agregó: “Es por eso que proporcionar estas incidencias resulta una tarea impracticable y poco asertiva, llevando gran confusión al consumidor debido a que no existe una regla única para cada comercio para medir la incidencia”.

También plantean que las provincias y municipios modifican sus alícuotas con mucha frecuencia, lo que “generaría una enorme carga administrativa y enormes erogaciones de soporte en sistemas para mantener los precios actualizados”, a la vez que deberán re-etiquetar los productos y servicios con cada modificación de alícuotas de aquellas jurisdicciones provinciales y municipales que adhieran.

Los argumentos de las grandes cadenas en contra de la norma son muchos y el lobby para incidir en la reglamentación es feroz, pero desde Lógica intentaron calmar la ansiedad al plantear que no se está pensando en un detalle exacto y tan exhaustivo de la estructura tributaria que se esconde detrás del precio de cada producto, ya que eso -asumió Olivera Vila- sí sería impracticable.

Según explicó el dirigente empresario, en Brasil se establecieron tres boxes:

    Hay una matriz por actividad y tamaño del negocio, la empresa entra a su box -si es grande, chica o mediana- y de allí toma los porcentajes que le corresponden, de acuerdo al promedio de tasas que dispondrá la matriz y que será determinada por la autoridad impositiva, en este caso la AFIP.

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