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4 de agosto de 2024

Cómo se prepara Chile para un posible nuevo éxodo masivo de venezolanos tras el fraude de Maduro

El gobierno ya anunció medidas como el reforzamiento de las fronteras, pero la clave parece ser la coordinación con otros países de la zona

>Aproximadamente 800 mil venezolanos viven actualmente en Chile. Eso, según las cifras oficiales. Sin embargo, tras el fraude electoral de Nicolás Maduro, expertos ya advirtieron que una nueva ola migratoria podría extenderse desde ese país hacia el sur, asunto que tiene más que preocupado al gobierno, puesto que Chile es el quinto país de acogida de venezolanos detrás de Colombia, Perú, Brasil y Ecuador.

Según el ex funcionario de la segunda administración de Piñera, “la situación en Venezuela es de desesperación” y esta posible nueva oleada de migrantes “ejercerá una presión significativa sobre nuestras regiones y comunas, afectando el acceso a servicios básicos como salud, educación y vivienda, además de sobrecargar nuestro sistema carcelario”.

El martes, la ex ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, hizo hincapié en que los nuevos migrantes venezolanos podrían tener calidad de refugiados - con todos los derechos que ello implica según los tratados internacionales - y propuso una mayor coordinación con los países vecinos.

“Los hechos han demostrado que la respuesta del 2018 no fue la correcta, porque el abrir la frontera sin límite alguno es lo que ha ocasionado, primero, una ola muy grande migratoria. Cuando las olas migratorias no son reguladas como corresponde, que es lo que pasó a partir del 2018 (...) se exacerba este discurso antimigrante”, reparó.

La también ex miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), llamó a implementar en la región un “intercambio de información y de bases de datos para determinar quiénes son aquellas personas que ingresan a los diferentes países. Es difícil, pero esa coordinación no existió (en 2018) y ahora creo que es fundamental”, subrayó Urrejola, quien remató asegurando que cerrar las fronteras “no puede ser la respuesta latinoamericana, entendiendo la complejidad que ha tenido la ola migratoria”.

Las reacciones no se hicieron esperar y desde todos los sectores políticos llamaron a tomar acciones concretas. Diversos parlamentarios propusieron diferentes fórmulas para contener esta posible nueva diáspora, todas dispares. El miércoles, el senador Juan Luis Castro (PS), por ejemplo, pidió construir campamentos en la frontera para recibir a quienes lleguen al país huyendo del régimen de Maduro.

Su idea no cayó nada de bien al diputado Diego Ibáñez (FA), quien abogó por mantener una política de “puertas abiertas” para todos los venezolanos que lleguen a Chile de manera regular.

Esta vez, la propuesta no gustó ni siquiera en su propio partido. Su correligionario, Jorge Brito, indicó que “Chile no está preparado para un nuevo ‘Cucutazo’ y es inexplicable que alguien proponga, al mismo momento en que se retiran los diplomáticos, que nosotros aceptemos a más nacionales de Venezuela”, remató.

El gobierno de Boric recogió el guante, pero pidió no exagerar la alarma. La ministra Carolina Tohá dijo que la inmigración venezolana “nunca ha cesado”, aunque reconoció a la prensa que “ciertamente hay una preocupación de que esto se pueda intensificar y para eso, tenemos que prepararnos”. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, observó que “la capacidad de Chile para seguir recibiendo inmigrantes es muy reducida”.

Antes de su viaje se informó el reforzamiento del contingente que vigila dichas aduanas, pero - siguiendo la línea de lo expresado por la ex canciller Urrejola -, la ministra Tohá descartó el jueves cerrar las fronteras del país y propuso una mayor coordinación con los países vecinos, acordando por ejemplo cuotas de refugiados, tal como se hizo en Europa.

“Dependemos en gran parte de lo que hacen los países vecinos a nosotros, lo que hace Perú, lo que hace Bolivia, lo que hace Ecuador, lo que hace Colombia”, dijo en conferencia de prensa.

El experto en seguridad y académico de la Universidad de Santiago, Jorge Araya, aseguró tajante a BíoBíoChile que “el país no está preparado para una nueva ola migratoria. Ya se produjo una migración muy importante en los últimos 5 o 7 años hacia el país, y vimos que empezamos a tener problemas en Educación, en Salud (...) Es clave la coordinación de los países latinoamericanos. Primero que nada, proteger las fronteras para que no entre cualquiera, y ver en qué medida, hasta qué nivel, los podemos acoger”, indicó.

El también militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI) recomendó “no entregar visas a extranjeros que ingresaron ilegalmente, ya que esto solo fomenta más ingresos irregulares. Es necesario implementar proyectos de rejas o infraestructura física y tecnológica, como drones, para impedir el ingreso ilegal, especialmente en la región de Tarapacá. Y, claro, se debe sancionar fuertemente a quienes contratan a extranjeros que no están autorizados para trabajar. Estas medidas no solo disuadirán la migración ilegal, sino que también protegerán los derechos laborales de los migrantes y los trabajadores chilenos”, según consignó el citado medio.

Sin embargo, Fabiola Vergara, académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Talca, recordó en conversación con El Dínamo que los migrantes, lejos de ser un lastre económico, terminan generando un impacto positivo en los países que los reciben.

La académica sostuvo que “esta posible migración sí va a generar un impacto positivo en nuestro país, tanto desde un punto de vista social como económico. Así lo ha sido hasta la fecha y creo que cuestiones puntuales como el Tren de Aragua o delitos que cometan algunos venezolanos en nuestro país o en otros, no debiera empañar el aporte que la generalidad de esta población ha realizado en nuestro país”, indicó.

“Consecuencia de ello es que, a propósito de la población emigrante venezolana, si bien un 79% de ella se encuentra trabajando, solo un 39% se encuentra trabajando en la profesión que le corresponde. Es decir, el país está desaprovechando, en términos económicos, esta mano de obra cualificada. Por lo tanto, si se implementara este proceso se facilitaría que las personas que vienen a nuestro país con un título profesional o técnico pudieran obtener el reconocimiento de ello y trabajar en la profesión para la cual se han preparado”, remató Vergara.

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