Un día antes había aumentado el optimismo. Los venezolanos votaron en lo que parecía la mejor y posiblemente la última oportunidad de librar al país del déspota. Todo el mundo sabía que, desde el principio, el proceso estaba sesgado a favor de Maduro. A la candidata más popular de la oposición, la conservadora María Corina Machado, ganadora de las primarias de la oposición, se le prohibió participar con argumentos engañosos. Su sustituto fue Edmundo González, un ex diplomático de modales suaves. Maduro tenía acceso total a los medios de comunicación cautivos; a González se le negó ese lujo.

Pero no fue así. Cuando el apparatchik a la cabeza de la autoridad electoral, Elvis Amoroso, anunció los resultados, no se parecían en nada ni a los sondeos de opinión previos a la votación, ni a los sondeos a pie de urna, ni a un recuento rápido del 30% de las actas realizado por la oposición. Amoroso declaró que Maduro había obtenido el 51,2% de los votos, frente al 44,2% de González. Hasta la fecha, la autoridad ni siquiera ha publicado un desglose de los resultados de cada colegio electoral. González y Machado denuncian fraude y tienen pruebas que lo confirman. Sus equipos han recogido copias del 81% de las actas, que demuestran que el González derrotó a Maduro de forma aplastante, con un 67% de los votos frente al 30% del Sr. Maduro.

Se avecinan tiempos oscuros. Horas antes de la publicación del informe del Centro Carter, Maduro comenzó a detener a figuras de la oposición, incluido Freddy Superlano, líder del partido, que fue filmado mientras unos hombres enmascarados lo metían en la parte trasera de un coche frente a su casa en Caracas. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y, junto con la vicepresidenta, Delcy Rodríguez (su hermana), una de las figuras más poderosas de la camarilla gobernante, tacha a González y Machado de “fascistas” y exige su encarcelamiento. Mientras tanto, Maduro insta a los fisgones pro-régimen a denunciar a los manifestantes a través de una aplicación gubernamental.