Entre los problemas específicos enumerados por el Centro Carter, se destaca la actualización del registro de electores que se realizó con “numerosos inconvenientes” tales como plazos muy cortos y una escasa información pública. Además, la situación se agravó para los ciudadanos en el exterior, quienes enfrentaron “barreras legales desmedidas, incluso arbitrarias” para inscribirse en el padrón electoral.

Pese al contexto restrictivo, la ciudadanía venezolana se movilizó masiva y pacíficamente el 28 de julio para votar. En relación con esto, el Centro Carter observó que, aunque la jornada de votación fue cívica, existieron “restricciones en el acceso a recintos” para observadores y testigos de partidos, así como mecanismos de presión sobre el electorado e “incidentes de tensión o violencia” reportados en algunas localidades.

A pesar de este escenario adverso, el pueblo venezolano demostró su voluntad de participar en un proceso electoral democrático. Los equipos de observadores del Centro Carter, presentes en un número limitado de recintos, constataron el “compromiso cívico” de los venezolanos, siendo la falta de transparencia del CNE en la difusión de los resultados una gran decepción para quienes esperaban una elección justa.