Bajo terror interno con presos políticos, exiliados, tortura y crímenes de lesa humanidad desarrollan la manipulación de la voluntad popular con leyes violatorias de derechos humanos, registros electorales alterados, oposición funcional, autoridades electorales títeres, inducción al ausentismo, falsificación de resultados y narrativa de ganar elecciones cuando tienen un repudio ciudadano mayoritario.

El proceso electoral en Venezuela 2024 tiene por lo menos cuatro etapas o escenarios: el primero es la campaña electoral en que la oposición liderada por María Corina Machado, primero como candidata y luego como jefe de campaña de Edmundo González, derrotó ampliamente a la dictadura logrando la movilización de un pueblo que perdió el miedo a la dictadura y decidió retirarla con su voto; el segundo es el de la votación y la emisión de resultados, en el que es claro el triunfo del candidato González Urrutia y la manipulación fraudulenta del régimen; el tercero es la lucha contra la narrativa del triunfo falsificado por la dictadura, con el objeto de demostrar el resultado real de la elección ganada por la oposición; el cuarto es el periodo de tiempo entre el reconocimiento de la victoria del opositor hasta la entrega del mando presidencial.

El mecanismo del castrochavismo ha sido aplicado en elecciones de este siglo en Venezuela, Bolivia y Nicaragua, pasando por Ecuador, y fracasó en Bolivia 2019 cuando se evidenció el fraude de Evo Morales que renunció y fue rescatado a la impunidad por López Obrador desde México, volviendo con éxito delictivo en Bolivia 2020 y Nicaragua 2021. Lo que vemos hoy en Venezuela es esta franquicia criminal, que por lo evidente de los hechos no se esperaba sea repetida, pero que es vital para un sistema dictatorial que se funda en el dogma castrista de que “el poder no se entrega”.

Solo hay un hecho con el que se puede aclarar la elección y es “que cada voto sea contado de forma justa y transparente, públicamente, con presencia de la oposición y la prensa”. El recuento de votos, público, basado en la demostración de cada acta electoral de cada ánfora de votación, es el único medio de evidencias por quien votaron los venezolanos.

La tentativa de fraude del dictador Maduro no está ni será consumada, es evidencia como delito infraganti y repudiada nacional e internacionalmente. La negativa al recuento público y transparente solo confirmaría los delitos y daría inicio a legítimos mecanismos de resistencia civil interna y acciones internacionales con las que el pueblo de Venezuela y la comunidad internacional enseñaran al dictador que el crimen no da derechos ni asegura impunidad.

Carlos Sánchez Berzain es abogado y Politólogo.

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