La matanza tuvo un efecto inmediato en el gobierno hondureño. La presidenta Castro dio marcha atrás y mató a la comisión interventora, la misma que había identificado la complicidad policial en la corrupción carcelaria que, en parte, había facilitado la masacre de Támara. La mandataria devolvió el control de las prisiones al ejército, algunos de cuyos mandos también habían estado implicados en redes de corrupción durante el gobierno del expresidente Juan Orlando Hernández, antecesor de Castro y quien fue condenado por narcotráfico en Estados Unidos el 8 de marzo anterior.

A pesar de los cambios, sin embargo, las investigaciones no se detuvieron. Un informe de inteligencia penitenciara determinó muy pronto que agentes destacados en Támara habían facilitado la masacre del 29 de junio de 2023.

“Se pudo corroborar que (la masacre) fue una acción planificada con la participación de la agente… quien ingresó armas a las pandilleras para facilitar la masacre… Recibió ella el turno y le proporcionó las llaves para que ingresaran a realizar la masacre… Dicha agente es miembro de la pandilla 18… tiene dos hijos con un líder de la pandilla, dice el informe, que además detalla cómo la agente sospechosa fue trasladada a una cárcel en Olancho, en le noreste del país, a unos 190 kilómetros de Támara, por orden de un alto jefe policial “con el propósito de interrumpir la verdadera investigación”.

Este último informe detalla, además, que los túneles siguen ahí. “En los distintos módulos existen espacios acondicionados por los privados de libertad para ocultar armas y municiones, drogas y dinero (en caletas) … también la red de túneles que permiten el libre tránsito de sustancias prohibidas…” Los presos, dice el reporte, tienen al menos 2,000 armas dentro de la cárcel de Támara.

La última propuesta del gobierno hondureño para lidiar con la interminable crisis carcelaria ha sido construir un recinto de máxima seguridad en las remotas Islas del Cisne en el Caribe, cuya construcción está programada a iniciar el próximo agosto. En Támara y otros recintos carcelarios de Honduras, no obstante, las redes de corrupción y los señalamientos de complicidad entre policías, militares y pandilleros siguen multiplicándose.