Esa demanda había sido presentada por Canadá, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Argentina –en ese entonces gobernada por Mauricio Macri– en 2018, para que se investigara al régimen de Venezuela por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad. Fue la primera vez que un grupo de Estados demandó a un tercero ante ese tribunal, cuya misión es juzgar a las personas acusadas de cometer crímenes de genocidio, guerra, agresión y lesa humanidad.

Para realizar la denuncia durante 9 meses hubo expertos internacionales independientes convocados por la OEA que recabaron información, recibieron el testimonio de decenas de víctimas y testigos y analizaron las evidencias de los grupos de derechos humanos. El informe que constó de de 489 fojas analizó también agresiones contra dirigentes opositores al régimen, “patrones sistemáticos y generalizados de persecución política, acoso de estudiantes, civiles y miembros de las fuerzas armadas”. Todas “herramientas” utilizadas para aterrorizar al pueblo venezolano.