“Había un escalafón. El referente era el líder principal y era el que iba organizando para abajo. El Polo Obrero era el que más tenía asentado esta forma de actuación y en menor medida era Barrios de Pie. A los que no cumplían lo que les decían, los bajaban y los podían mandar hasta a lista de espera, con lo cual la persona no cobraba, perdía el plan y tenía que esperar para volver. Tenía que hacer méritos para que se lo vuelvan a dar. Pero lo grave es que a la gente le cobraban para mantener y para darle comida”, explicó a Infobae uno de los funcionarios que trabajó en la investigación del caso.

De acuerdo con esa fuente, de los 130 mil llamados a la línea 134, esta causa se inició por el testimonio de siete víctimas. “Las fueron llamando a la Fiscalía, les preguntaban cómo era que les pagaban a los que les pedían dinero, y respondían: ‘Me pedían que deposite en una cuenta’. Se le preguntaba ‘¿Y tiene constancia?’, y las víctimas respondían ‘sí, mire, esta es la transferencia bancaria, este es el chat del grupo donde me pedían que transfiera, estos son los nombres, esta es la gente que me castigaba y me sacaba el plan o me sacaban de la lista para recibir comida’. Todo eso lo aportó la gente”.

“Son personas inescrupulosas que manejaban las necesidades más básicas de la gente. Estamos hablando de mucha plata. Creemos que son unos 700 millones por mes. Es mucha guita”, revelaron portavoces con acceso a la causa.

Más allá de las denuncias, las pruebas y los 70 mil dólares secuestrados, los líderes que quedaron en el ojo de la tormenta se juntaron frente al Congreso Nacional y dieron una conferencia de prensa para denunciar una supuesta persecución y una criminalización de la protesta social. Sobre las pruebas, los audios, los testimonios, los chats no hablaron. Por ahora.