El condenado jefe narco Esteban Lindor Alvarado, actualmente preso en el penal federal de Ezeiza, a quien el gobierno nacional le restringió las comunicaciones desde el complejo penitenciario -el martes pasado se publicó la resolución en el Boletín Oficial-, afronta una nueva causa penal. Los fiscales provinciales Marisol Fabbro y Miguel Moreno impulsaron 43 allanamientos que se hicieron en el Gran Rosario y en la ciudad de Córdoba por una investigación sobre una presunta estructura que aparentemente realizó maniobras de lavado de activos bajo las directivas del recluso. Cinco personas fueron aprehendidas con 7 millones de pesos, 140 mil dólares, un revólver calibre 32, una escopeta calibre 16, una pistola calibre 22, una carabina del mismo calibre y una réplica de pistola.

El jefe de la Policía de Investigaciones, Natalio Marciani, indicó a Canal 3 que 39 operativos se hicieron en Rosario, San Lorenzo, Pérez, Soldini, Roldán, Capitán Bermúdez y Granadero Baigorria. Los otros cuatro se llevaron a cabo en la capital cordobesa. “Todos los detenidos son de Rosario. Esta es una investigación que lleva meses. Podemos decir que esta gente metía vehículos, producto de ilícitos, en el mercado legal”, añadió.

Marciani señaló que parte de los allanamientos se realizaron en galpones y cocheras que usaban las personas bajo sospecha para esconder los autos robados. Uno de los estacionamientos está en Puerto Norte, uno de los barrios más caros de Rosario. “Ahí los dejaban para enfriar hasta que no tuvieran problemas. Una vez que los ‘empapelaban’ después los metían en el mercado. Hablamos de vehículos de alta gama. Algunas de las maniobras se hacían por encargo. Por eso también se hicieron allanamientos en Córdoba, porque se detectó que algunos vehículos provenían de ahí”, concluyó.

En Mendoza al 7200, uno de los domicilios allanados en Rosario, se encontró a Gustavo Armando “Tuerto” Cárdenas, un hombre de 53 años que en 2019 fue condenado por el Tribunal Oral Federal N° 2 a la pena de 9 años de prisión como organizador de una banda dedicada a la venta de droga al menudeo en la zona noroeste de la ciudad. En su propiedad, la Policía de Investigaciones incautó los 7 millones de pesos, 130 mil dólares y un celular que será enviado a peritar.

Cárdenas tiene su historial en el hampa. Había sido detenido en octubre de 2014 en una estación de servicio por estar sindicado por un crimen cometido en 2012 a metros de la comisaría 17ª de Fisherton. Tras conseguir arresto domiciliario, volvió a ser allanado en abril de 2015 por la Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria por estar sospechado de encabezar una organización dedicada a la comercialización de estupefacientes, expediente por el que recibió los 9 años.

El megaoperativo contra Alvarado tiene lugar después de que fuera mencionado en la audiencia imputativa por los atentados y crímenes considerados “narcoterroristas” ocurridos en marzo pasado en Rosario. El cuerpo de fiscales a cargo de las investigaciones los apuntó a él y al condenado jefe narco Claudio Javier “Morocho” Mansilla como dos probables instigadores de algunos ataques, aunque no fueron imputados porque no hallaron indicios que los relacionaran directamente.

El dato de que Alvarado y Mansilla podrían tener vinculación con los hechos surgió por la declaración informativa del menor no punible que según los fiscales ejecutó el crimen del taxista Héctor Raúl Figueroa (5 de marzo) y del playero Bruno Bussanich (10 de marzo). El adolescente de 15 años fue quien aseguró que a través de un tercero recibió una videollamada de un preso alojado en una cárcel federal, quien dio las directivas para cometer el homicidio en la estación de servicio Puma.

Por esa situación, el gobierno publicó el martes de esta semana una resolución en el Boletín Oficial para restringir las comunicaciones de los dos reclusos, que están en Ezeiza. A través de esa medida -que tiene una extensión, en principio, por 30 días-, únicamente pueden llamar desde el teléfono fijo del pabellón a sus defensores.