El Ministerio Público solicitó este martes el impedimento de salida del país contra la suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, acusada de liderar una presunta red criminal dedicada al tráfico de influencias en la cúpula de esta institución.

La Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos elevó el petitorio ante el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, acompañado de una gama de pruebas para sustentarlo, según un comunicado difundido en X, antes Twitter.

La solicitud se hizo pública al término de la operación “Valkiria XI”, que hasta el momento dio como resultado la detención preliminar de 7 personas por la presunta comisión de los delitos de organización criminal, colusión agravada, tráfico de influencias y otros, además de 21 viviendas allanadas.

La intervención, realizada por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficoop) con apoyo de 23 fiscales y más de 100 policías, fue realizada en el marco de las investigaciones a cargo del fiscal Christian Niño contra Jaime Villanueva, Miguel Girao Isidro, José Luis Castillo y Alva y otros, vinculados con Benavides.

El abogado Jorge del Castillo, defensa legal de la exfiscal, se enteró de la solicitud de prohibición de salida para su patrocinada cuando brindaba una entrevista en vivo para Exitosa. “Bueno, está bien, ¿qué problema va a haber con eso? Ella no se ha ido a ninguna parte ni siquiera. Estamos pendientes de dos resoluciones, una del Tribunal Constitucional y de la JNJ. Hay una tercera de la Corte Suprema”, dijo.

Según la hipótesis del Ministerio Público, esta estructura habría logrado posicionarse en la cima del sistema penal mediante tácticas que les permitían sortear las leyes y evitar sanciones. Los exasesores de Benavides son acusados de ejercer presión indebida sobre legisladores para promover la destitución de la fiscal suprema Zoraida Ávalos, quien era principal candidata a sucederla en caso de ser destituida.

La tesis alega también que esta organización intentó influir en la designación del defensor del Pueblo y en la remoción de integrantes de la JNJ en un esfuerzo por asegurar la permanencia de la exfiscal general, unos señalamientos que ella ha negado.

“Rechazo la burda maniobra, evidentemente concertada, de montar un psicosocial con fiscales y policías para impresionar a las autoridades y a la opinión pública, buscando forzar mi injusta destitución a pesar de la inexistencia de pruebas en mi contra”, dijo en un clip enviado a la prensa mientras se ejecutaba la operación.

Además, por su presunta interferencia en una investigación fiscal que se sigue contra una de sus hermanas, la jueza Enma Benavides, cuestionada por la presunta liberación de sentenciados por delitos graves, entre ellos narcotráfico.