La Justicia allanó este sábado el vivero de una ONG cannábica de San Isidro y decomisó más de mil plantas de marihuana. El operativo, a cargo de personal de distintas áreas del municipio local, se llevó a cabo en la sede de la empresa Superfly Cannabis Medicinal, en la localidad de Martínez.

“Funcionaba en una zona residencial sin habilitación municipal”, argumentaron las autoridades sanisidrenses respecto del procedimiento que se realizó por disposición del Juzgado de Faltas N°1 de San Isidro -que conduce el juez Andrés Rolón- en el marco de una causa que se inició hace dos meses.

El vivero desmantelado estaba destinado a la siembra de cannabis de diferentes especies con alta concentración de THC. Se sitúa en una casa ubicada en la calle Pirovano, entre Gutiérrez y Estrada. Hasta allí fueron esta mañana agentes de Seguridad, Inspección General y Espacio Público del municipio.

La orden de allanamiento fue librada ayer. Tras ser notificado, el abogado de la ONG, Juan Palomino, cuestionó el operativo. “En el día de hoy se ordenó el decomiso (...) Para llevarse ‘cuidadosamente’ lo decomisado había un camión de basura. Se imaginarán el cuidado que podrían darle a años de trabajo. Acciones como ésta solo vulneran el acceso a la salud de las personas”, apuntó.

Este sábado a través de las redes sociales, la empresa denunció públicamente que el personal municipal ingresó a la empresa sin orden judicial. “Esto paso el día de hoy en Superfly Cannabis Club, donde el municipio entró sin orden a una ONG de la salud. Todo fue realmente indignante. Desde ayer a la tarde estuvieron intentando entrar (...) En el día de hoy lo hicieron, bajo amenazas de ‘tirar la puerta abajo’ y ‘traer cerrajeros y entrar a la fuerza’”.

“Ellos y su personal constantemente siendo chocantes, increpantes y amenazantes con todo, tratando la medicina de los socios como basura, y ofendidos por la filmación, rompían aún más cada una de las plantas, a tal grado que parecía que disfrutaban este hecho, que realmente hacía que me tiemblen las piernas de ver tanta injusticia, tanto trabajo, y toda la medicina de los socios en una bolsa negra de basura”, lamentaron en una publicación.

Y, pidiendo apoyo a la comunidad cannábica, agregaron: “Estos hechos pasan y seguirán pasando si seguimos dejando que sucedan todos los atropellos de autoridad que se permiten y ni hablar de las amenazas”.

Desde la organización, además, resaltaron que se encuentran inscriptos en el Reprocann, el registro de usuarios y cultivadores administrado por el Ministerio de Salud de la Nación, por lo que cuenta con el permiso para producir flores de cannabis sin el riesgo de sufrir complicaciones penales relacionadas a la ley de drogas.

Las organizaciones cannábicas, por una disposición de Salud, pueden cultivar -legalmente- plantas de marihuana con fines medicinales para hasta 150 pacientes.

La ONG “tenía más de mil plantas de marihuana y operaba sin permiso ni habilitación municipal en una zona residencial”, insistieron desde la Municipalidad por medio de un comunicado. “Además, desde hace casi un mes, y ante reiteradas denuncias de los vecinos, el municipio informó que debían suspender el cultivo”, agregaron.

En la misma línea se expresó el intendente local, Ramón Lanús: “Este procedimiento fue posible gracias al esfuerzo de varias dependencias del Gobierno Municipal por orden de la Justicia de Faltas. Desde el municipio, vamos a ser implacables con todos aquellos que no cumplan la ley. El compromiso que asumimos de trabajar junto a las autoridades judiciales y demás fuerzas nos permite llevarles tranquilidad y seguridad a los sanisidrenses”.