En el primer día hábil tras el fin de semana extralargo por Semana Santa y el Día del Veterano y los caídos en la Guerra de Malvinas, se espera una jornada de tensión ante la protesta nacional impulsada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en rechazo a los más de 11.000 despidos en la administración nacional. La medida inluye, además de un paro nacional, un ingreso masivo a distintas oficianas públicas.

El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, ratificó la medida en las últimas horas con una publicación en la red social X: “El Presidente se ha decidido a quebrantar el sistema jurídico argentino en su parte medular y tanto él como sus funcionarios podrían terminar presos”, alertó Aguiar. Según el recuento realizado el fin de semana por el gremio, los despidos ascienden a 11.000 en toda la administración pública, un número que se aproxima a los 15.000 que el Presidente Milei aseguró haber alcanzado durante su gestión.

“Provocar cesantías masivas en el Estado es suprimir derechos fundamentales de las personas y esa es una conducta tipificada en nuestro Código Penal”, argumentó Aguiar.

Luego prosiguió: “Vulnerar la garantía de estabilidad prevista en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional decenas de miles de veces a su vez provoca la supresión de otros derechos fundamentales que tiene toda la sociedad. Y nuestro Código Penal en su artículo 226 da penas de entre 5 y 15 años a quienes impidan el libre ejercicio de las facultades constitucionales”.

Aguiar describió cómo se desarrollará la jornada. “Mañana a las 16 hs convocamos un Plenario Federal con más de 1.000 delegados para profundizar el plan de lucha. Tenemos que demostrar que es el Gobierno el que actúa al margen de la Constitución y de la ley. Por la mañana, los trabajadores con nuestros ingresos masivos y simultáneos estaremos ejerciendo nuestros derechos de huelga, manifestación y reunión. Si hay violencia y represión, la única responsable será la Casa Rosada”, cerró el dirigente en su perfil de X.

En la previa de la protesta, el secretario general de ATE Capital, Daniel “Tano” Catalano, señaló a FM La Patriada: “Nuestros compañeros son compañeros de laburo, no es la guardia pretoriana. No vamos a entrar a romper. El imaginario social que tiene la ministra Bullrich es de alguien muy fantasioso; tiene la necesidad que haya una acción bélica y la desarrollarán ellos, nosotros no vamos a provocar una acción que pueda poner en riesgo a nuestros compañeros”.

“Esta ministra es una showman que necesita mostrar sangre. Mis compañeros no necesitan que los caguen a palos y los metan presos”, agregó.

El otro sindicato del sector, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), eligió una estrategia diferente para reclamar contra el ajuste y los despidos en el Estado: realizará protestas específicas en las dependencias afectadas por los recortes, como la ANSES y las secretarías de Trabajo y de Salud, entre otras, con asambleas y batucadas para exteriorizar sus reclamos. Fuentes del gremio que lidera Andrés Rodríguez anticiparon que podrían concretar paros de 2 o 4 horas, aunque no está previsto por el momento una huelga de 24 horas ni mucho menos la ocupación de los edificios, como ATE.

Ante esa situación, el Gobierno nacional, junto al de la Ciudad de Buenos Aires, preparan un operativo de seguridad para impedir la toma de oficinas públicas ubicadas en la Capital. Además, en las últimas horas, el ministro de Defensa, Luis Petri, advirtió que el Ejecutivo denunciará penalmente a quienes intenten tomar edificios.

“Los que intenten tomar edificios públicos van a ser denunciados penalmente y los vamos a llevar hasta las últimas consecuencias”. “Que se hagan responsables, llegó el momento que quienes cometen delitos se hagan responsables. El imperio de la ley es para todos”, agregó durante una entrevista en TN.

Desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada miles de agentes de la administración pública nacional perdieron sus puestos de trabajo. El Gobierno de La Libertad Avanza atribuye esos cargos a la retribución de favores a militantes políticos de espacios peronistas como La Cámpora. Además argumentan que su presencia en el Estado no se sustentaba en una necesidad de brindar un servicio concreto.

Además, el jefe de Estado señaló que el recorte de estos tres primeros meses de gestión es sólo el principio de una política que se profundizará hasta eliminar 70 mil puestos de empleo que actualmente figuran en la nómina de distintas áreas del Poder Ejecutivo nacional.

ATE niega esos argumentos y señala que no ha sido posible demostrar que se trata de “ñoquis”, sobrenombre que reciben popularmente las personas que cobran un sueldo sin presentarse a trabajar. “Lamentablemente, estamos en ese número con compañeros que tiene más de 20 años de antigüedad. No encontramos criterio para poder despedir”, lamentó días atrás Daniel Catalano, Secretario General de ATE en la Ciudad de Buenos Aires.