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30 de septiembre de 2020

Juicio por $1.000 millones en el agro

El juez federal de Bell Ville, Sergio Pinto, siguió una investigación tras una denuncia de productores, procesan a empresarios del agro en un caso ligado a un default de $1.000 millones.

La causa se inició con la denuncia en marzo de un grupo de productores agropecuarios quienes aseguraron haber entregado su producción agropecuaria a la empresa “Leones Agropecuaria SRL”, que funciona como acopiadora de granos. La empresa comercializaba todo el cereal a través de la corredora de Granos Sebastián Grimaldi SA, firma de renombre y trayectoria en el rubro.

Los productores denunciaron haber sido “seducidos” con mejores oportunidades y alternativas de negocios, por encima de otros acopiadores y corredores del mercado, siendo finalmente perjudicados cuando la empresa, según la resolución, “Sebastián Grimaldi SA” dejó de funcionar y cerró sus oficinas en Rosario. Tenían los granos entregados y vendidos, pero sin haberlos cobrado.

Sostuvieron en la denuncia que ambas empresas “Leones Agropecuaria SRL” y “Sebastián Grimaldi SA” estaban vinculadas y en una presentación posterior aportaron datos exponiendo que sus miembros conformaban una asociación ilícita.

En mayo, la Policía Federal realizó unos 20 allanamientos en Santa Fe y en Córdoba luego de que la corredora de cereales fuera denunciada por el desfalco. Los procedimientos se realizaron en la sede de la firma y en varios domicilios particulares.

El juez Pinto, por el momento, concluyó que los denunciados habrían actuado en grupo, con un importante grado de permanencia en el tiempo y funcionando coordinadamente, utilizando a las empresas “Leones Agropecuaria SRL” y “Sebastián Grimaldi SA” para realizar una serie de actividades delictivas, a partir de la captación de gran volumen de cereales/oleaginosas de diversos productores y su venta inmediata a través de la empresa “Leones Agropecuaria SRL” que funcionaba como remitente comercial y con la intermediación de “Sebastián Grimaldi SA”.

Ese esquema les permitía, interpretó, hacerse del dinero y desviarlo de las empresas -provocando su vaciamiento-, a la vez que también evitaban a los productores que no podían cobrar ni recuperar el cereal entregado en depósito. Para el magistrado, los imputados sustrajeron montos que debían ser ingresados a las arcas del fisco nacional en concepto de retenciones por el IVA y Ganancias, produciéndose así la apropiación indebida de tributos, entre otros ilícitos que aún se están dilucidando.

La decisión judicial fue notificada también a los juzgados que entienden en el concurso preventivo de “Sebastián Grimaldi SA” y al que tramita la investigación de la empresa Vicentin.

 

FUENTE: DIARIO LA NACION

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