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14 de febrero de 2024

Continúan los alegatos del juicio de lesa humanidad de la causa "Brigadas"

Se trata del juicio en el que se analiza desde octubre de 2020 a doce represores por los secuestros, torturas, violaciones, apropiaciones de menores y homicidios cometidos en los centros clandestinos que funcionaron en las brigadas policiales de Quilmes, Banfield, Lanús y San Justo durante la última dictadura.

Por Diana López Gijsberts 12-02-2024 | 20:59

Foto: comisionporlamemoria.org

El Tribunal Oral Federal (TOF) número 1 de La Plata reanudará este miércoles las audiencias de alegatos del juicio que se sigue contra 12 represores por los secuestros, torturas, abusos sexuales y homicidios en perjuicio de 605 víctimas, 189 de ellas desaparecidas, alojadas en cuatro brigadas policiales que funcionaron como centros clandestinos de detención durante la última dictadura militar.

Se trata del juicio de la denominada causa "Brigadas", en el que se analiza desde octubre de 2020 a doce represores por los secuestros, torturas, violaciones, apropiaciones de menores y homicidios cometidos en los centros clandestinos que funcionaron en las brigadas policiales de Quilmes, Banfield, Lanús y San Justo durante la última dictadura.

Entre las 605 víctimas alojadas en esos centros clandestinos se cuentan los estudiantes secuestrados en el episodio conocido como "La Noche de los Lápices", un hecho emblemático en el marco del terrorismo de Estado ejercido durante la última dictadura cívico-militar.

También figuran varios niños nacidos en cautiverio -uno de ellos es el nieto 133 recuperado por Abuelas de Plaza de Mayo, Daniel Santucho- e integrantes del colectivo travesti trans.

Por estos casos son juzgados el ex ministro de Gobierno bonaerense durante la última dictadura Jaime Smart; el exmédico policial Jorge Antonio Berges; Federico Minicucci; Carlos María Romero Pavón, Roberto Balmaceda, Guillermo Domínguez Matheu, Carlos Gustavo Fontana, Alberto Candioti, Jorge Di Pasquale, Juan Miguel Wolk, Enrique Augusto Barré y Luis Horacio Castillo.

El juicio ingresó en la etapa de alegatos el 12 de diciembre último, cuando comenzó a alegar la Unidad Fiscal Federal de Delitos de Lesa Humanidad, integrada por el fiscal general Gonzalo Miranda y la auxiliar fiscal Ana Oberlin, y luego pasó a un cuarto intermedio.

En esa oportunidad, el fiscal Gonzalo Miranda afirmó que los delitos juzgados "son crímenes de Estado, el cual actuó como una organización criminal que cometió delitos de manera sistemática y generalizada, y estos crímenes produjeron un daño inconmensurable en numerosas personas e impactó no solo en las personas que fueron secuestradas, torturadas, abusadas sexualmente, privadas de su identidad, asesinadas o desaparecidas, sino también en sus familias, amigos, amigas, vecinos y vecinas, personas con las que trabajaban y con las que se encontraban vinculadas, entre muchas otras".

Este plan sistemático de exterminio ocasionó "una onda expansiva de terror y sufrimiento que alcanzó niveles extraordinarios", indicó.

Miranda y la auxiliar fiscal Ana Oberlin detallaron los hechos sufridos por cada una de las 605 víctimas de este juicio; hasta el momento sólo describieron lo ocurrido con 335 de las 605 víctimas, por lo que tras el cuarto intermedio debido a la feria judicial, en la audiencia del 14 de febrero próximo a las 8 se retomará con el alegato fiscal y el detalle de lo padecido por las restantes víctimas.

"La etapa de alegatos de las partes acusadoras seguramente terminará a fines de febrero o primeros días de marzo, después viene la etapa de alegatos de la defensa, réplicas y dúplicas, y las últimas palabras, y pensamos que el veredicto será seguramente a fines de marzo, principios de abril", adelantó a Télam la auxiliar fiscal Ana Oberlin.

Aseguró que en las audiencias realizadas desde el 27 de octubre de 2020 último, "los hechos quedaron efectivamente probados, casi en su totalidad".

"Habrá algunos casos por los cuales la Fiscalía pedirá la absolución, porque se confirmó que no se trató de casos que pasaron por estos centros clandestinos o porque se trataba de personas que por algún error fueron incorporadas y no debieron ser incorporadas, pero son muy pocos. En la mayoría de los casos hay pruebas suficientes y hubo pruebas suficientes para probarlos", remarcó Oberlin.

La funcionaria judicial recordó que "fue especial también el hecho de que los imputados sean tanto de la policía como de inteligencia y militares, y por la cantidad de imputados que hubo en este caso, ya que si bien llegaron 12, hubo 39 personas imputadas, pero sólo 12 llegaron a juicio, los restantes fallecieron antes y durante el juicio".

"Otro aspecto a destacar es que por primera vez se están juzgando casos que incluyen a 8 personas del colectivo travesti trans como personas victimizadas. Es un dato saliente muy diferente de lo ocurrido en otros juicios, añadió.

"La Unidad Fiscal no tiene dudas que esos casos tienen que ser considerados como parte del terrorismo de Estado, porque el foco de la persecución también estuvo en un modelo sexogenérico que se siguió, que castigaba particularmente a quienes se salían de ese modelo. Esta circunstancia quedó demostrada con estos casos y con la palabra no solamente de las personas victimizadas, sino también de testigos y testigas expertas que convocamos para, justamente, demostrar la persecución y el ensañamiento y la intensificación de las violencias hacia esas personas durante esos años", remarcó la auxiliar fiscal.

Oberlin también precisó que los testimonios oídos permitieron confirmar "la coordinación represiva en el Cono Sur por la presencia de personas victimizadas y de integrantes de grupos de tareas de otros países, especialmente de Uruguay, que también formaron parte de lo que tuvo que ver con lo que se conoció como el plan Cóndor".

"Entre los casos investigados está el hecho conocido como La Noche de los Lápices y, además, la persecución de trabajadores y trabajadoras de distintas fábricas, como Saiar, Peugeot, también de Mercedes-Benz, de Astilleros, entre otros, lo que demuestra que el objetivo de la persecución era desarmar la resistencia de trabajadores y trabajadoras que, desde sus distintos rubros, luchaban por mejores condiciones de vida, de vida laboral, por distintas reivindicaciones que terminaron con el secuestro, las torturas y la desaparición de esos trabajadores y trabajadoras", puntualizó Oberlin.
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