La Ley y el reclamo de los pueblos originarios

La Ley 26.160, sancionada en el año 2006, declaraba, en todo el territorio nacional y por el término de cuatro años (que fueron siendo prorrogados), la emergencia en materia de posesión y propiedad de tierras que ocupan las comunidades indígenas, cuya personería jurídica estuviese debidamente registrada por ante el Registro Nacional de Comunidades Indígenas, organismo provincial competente, o aquellas preexistentes y suspendía (por el término de la duración de la emergencia declarada) el trámite de ejecución de sentencias de desalojos dictadas en los procesos judiciales que tengan por objeto principal o accesorio la desocupación y/o desalojos de las tierras comprendidas.

En noviembre de 2021 el presidente Alberto Fernández decretó una nueva prórroga de cuatro años que lo extiende hasta el 23 de noviembre de 2025.

Sin embargo, las comunidades originarias reclaman que la norma sea aprobada en Diputados "con todo lo que significa una ley nacional".

"El DNU no es como la ley, no se le puede legitimizar como una ley, alguien puede poner un amparo ante el decreto y no hay ley que la respalde", advertía en una movilización anterior Dulce Pacci,  integrante del Consejo de Pueblos Originarios Llankaj Maki, de Jujuy.