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19 de abril de 2023

Formalizaron una nueva imputación contra la expresidenta Áñez

La expresidenta de facto boliviana fue imputada por la Fiscalía de Cochabamba de haber incurrido en presunto "genocidio y asesinato en grado de tentativa" en la "Masacre de Sacaba".

18-04-2023 | 21:09

Áñez tiene una nueva imputación en su contra

La Fiscalía Departamental de Cochabamba imputó formalmente a la expresidenta de facto de Bolivia Jeanine Áñez por haber incurrido en presunto "genocidio y asesinato en grado de tentativa" en el caso denominado "Masacre de Sacaba" que dejó 10 muertos y decenas de heridos por una brutal represión policial y militar tras el golpe de Estado de 2019.

“Los suscritos fiscales imputan formalmente a Jeanine Áñez Chávez por la comisión del delito de asesinato con relación a las 10 personas fallecidas y asesinato en grado de tentativa con relación a los 90 heridos, así como el delito de genocidio previsto en el artículo 138 del Código Penal, calificación provisional en calidad de autor de los hechos”, se lee en la imputación formal presentada anoche y difundida hoy por la agencia de noticias estatal ABI.

Según la comisión de fiscales, en noviembre de 2019, con la renuncia forzada de Evo Morales a la presidencia, se “consolidó” una estructura de “poder organizado, orientada a ejercer una represión violenta, a sabiendas que esto generaría la muerte de personas y lesiones en otras”, ante protestas que exigían respeto a su derecho al voto, a la wiphala (bandera indígena) y a la mujer de pollera en Sacaba.

“La ahora imputada Jeanine Áñez, como muestra explicita de ejercer esa represión violenta (uso de armamento y munición letal) contra determinados sectores de la población (comunidades interculturales del trópico de Cochabamba) previa coordinación con los ministros de Gobierno y Defensa emite el Decreto Supremo 4078”, señala la imputación.

La Fiscalía argumentó que la imputada, en colaboración con sus ministros Fernando López y Arturo Murillo, coordinaron las operaciones conjuntas entre policías y militares para arremeter contra las movilizaciones que siguieron al derrocamiento de Evo Morales mediante un golpe de Estado.

La expresidente de facto seguirá en prisión

Las operaciones “determinaban implícitamente el uso de armas de fuego, puesto que exoneraba de responsabilidad penal a las Fuerzas Armadas” en el conocido como el “Decreto de la Muerte”, prosigue la denuncia.

La Fiscalía señaló que al ser un caso de “relevancia social requiere una atención prioritaria en sentido que se dé celeridad para dar fecha y hora para la audiencia cautelar en la que justificarán que la imputada sea detenida de manera preventiva por seis meses en la cárcel de Miraflores, donde actualmente está recluida por el caso Golpe".

Aquel 15 de noviembre del 2019 quedó plasmado en la memoria de los cochabambinos después de que cocaleros del Chapare intentaron ingresar al centro de la ciudad de Cochabamba exigiendo que se respete la democracia y la wiphala, lo que desató una brutal represión de las fuerzas del orden.

Militares y policías masacraron a manifestantes desarmados, realizaron ejecuciones sumarias, torturas sistemáticas y detenciones masivas, según el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia).

La arremetida dejó 10 muertos y decenas de heridos, solo en Sacaba.
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