Sin la presencia de la oposición, los senadores del bloque oficialista rubricaron un proyecto de comunicación de sus pares Oscar Parrilli y Silvia Sapag para que el máximo tribunal de justicia del paÃs informe sobre una causa penal que lleva adelante el juez federal Ariel Lijo.
El objetivo de la iniciativa, debatida este mediodÃa durante la reunión de la comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado, es que el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, remita copia Ãntegra de un informe de auditorÃa económica, financiera, de legalidad y de gestión en la obra social.
Además piden que se informe el perÃodo en el cual estuvo a cargo de la entidad Aldo Tonón, quien habrÃa sido propuesto para el cargo por el ministro de la Corte Juan Carlos Maqueda, de acuerdo a la denuncia.
Sapag lamentó que el Poder Judicial sea el "único poder que una vez elegido es vitalicio y no tiene controles" y que sean los miembros del Poder Legislativo los que deben interrogar para "poder conocer alguna novedad sobre los delitos que están cometiendo los miembros de la Corte".
Juan Carlos Maqueda, uno de los cuatro miembros de la Corte Suprema. Parrilli, por su parte, cuestionó a los miembros del interbloque de Juntos por el Cambio, que se retiraron del salón Illia del Senado cuando comenzó a tratarse este proyecto, por considerar que "apoyan" a los actuales integrantes de la Corte.
"No me llama la atención la ausencia de los senadores de Cambiemos porque hay coherencia en la no presencia de someterse al debate de la sociedad y con esto están ratificando su apoyo a la actual composición de un tribunal dos de cuyos miembros aceptaron ser designados por decreto", opinó.
En el pedido de informes se solicita que se confirme si la AuditorÃa General de la Nación (AGN) se encuentra revisando posibles irregularidades en la obra social del Poder Judicial en virtud de la investigación que se está llevando a cabo en la Justicia.
Los senadores del FdT solicitan además que se remita un listado de las empresas prestatarias de servicios de la obra social mencionada y copias de los contratos vigentes y forma de contratación.
En los fundamentos, Parrilli sostiene que la denuncia "se centra en las presuntas contrataciones irregulares que se habrÃan registrado en la obra social y que involucrarÃan en forma directa o indirecta al ministro de la Corte Juan Carlos Maqueda con dos empresas".
