25 de julio de 2022
Medios cómplices de la dictadura incumplen el derecho a réplica ordenado por la Justicia
23-07-2022 | 20:34 Por Gerardo Aranguren
La información falsa fue un arma más para el terrorismo de Estado. A través de comunicados oficiales, notas en medios cómplices y operaciones realizadas directamente en las mazmorras de la represión, la dictadura buscó instalar miedo, dividir a la sociedad, justificar y ocultar sus crÃmenes. La comunicación fue parte de la acción psicológica contra la población e integraba los manuales militares de la época.
Con el avance de los juicios por crÃmenes de lesa humanidad, comenzó a quedar más en evidencia el accionar de la dictadura y de los grandes medios de comunicación. Las personas que eran presentadas como delincuentes, sediciosos, terroristas, eran trabajadores, militantes gremiales y polÃticos que fueron vÃctimas de un plan de exterminio. Esa información, más de 40 años después de los hechos, continúa hoy en los archivos y hemerotecas a pesar de contar con datos falsos que generaron un daño que aún perdura en familiares y sobrevivientes.
Desde hace algunos años, fiscales y querellas empezaron a reclamar que esas notas se rectifiquen, en lÃnea con las medidas de reparación integral que impulsa el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El último ejemplo de esto fue en el juicio de Vuelos de la muerte en Campo de Mayo, pero antes ya habÃa ocurrido en los debates realizados en BahÃa Blanca, con el diario La Nueva Provincia, en ESMA III y en Mendoza, con diferentes resultados.
“Remitir testimonios de esta sentencia a conocimiento del Grupo ClarÃn S.A para que adecuen conforme a lo aquà resuelto la nota ‘Buscan a familiares de dos niños abandonados’ del dÃa 24 de noviembre de 1977â€. Este fue el punto 10 del veredicto del Tribunal Oral Federal 2 de San MartÃn en la causa Vuelos de Campo de Mayo y refiere a una nota que presentó como perdidos y abandonados a los hijos de Roberto Arancibia, una de las vÃctimas de la causa, cuando en realidad sus padres habÃan sido secuestrados y desaparecidos.
En septiembre, cuando se publiquen los fundamentos, se conocerá cómo aplicará el Tribunal esa medida y si el diario ClarÃn la cumplirá.
“Hoy los procesos de Memoria, Verdad y Justicia en Argentina vuelven a reafirmar que necesitamos sostenerlos con una polÃtica de reparación adecuadaâ€, sostuvo la fiscal Mercedes Soiza Reilly y, si bien señala que el medio podrÃa negarse a realizarlo, basado en su derecho a la libertad de expresión, no se puede soslayar el derecho de las vÃctimas a que se diga la verdad de lo ocurrido, en lÃnea con el derecho a la verdad que les asiste.
“¿Por qué ClarÃn podrÃa oponerse a adecuar su noticia a la verdad probada en un juicio? Estamos en una sociedad democrática, hay un proceso activo de Memoria, Verdad y Justicia. Los juicios son espacios donde se reconstruye la verdad de lo ocurrido, donde se respetan todas las garantÃas constitucionales. La discusión pasarÃa por si los diarios en Argentina están de acuerdo con eso y sobre todo, en respetar el derecho a la verdad, tan importante para las vÃctimas y para la sociedad argentina, como un camino posible para garantizar que no se repitan estos hechos violentosâ€, añadió.
El primer pedido de rectificación se realizó en BahÃa Blanca en 2015 para que La Nueva Provincia diera cuenta de los delitos cometidos durante el terrorismo de Estado. El multimedio tuvo un rol propagandÃstico de la dictadura y de la represión ilegal y, además, dos trabajadores del diario, Enrique Heinrich y Miguel Ãngel Loyola, secretario general y tesorero en el Sindicato de Artes Gráficas de BahÃa Blanca, fueron secuestrados, torturados y luego asesinados en pleno conflicto gremial con la empresa y con sus dueños, la familia Massot.
La fiscalÃa a cargo de Miguel Palazzani y José Nebbia incluyó en su alegato un novedoso pedido de derecho a réplica colectivo por el que solicitó que el diario rectificara la información sobre las vÃctimas. “No hay ninguna razón o derecho para que sus historias queden contadas y fijadas en el diario como historias de delincuentes terroristas enemigos del pueblo argentino», señalaron.
En el juicio siguiente, de 2017, hicieron el mismo planteo. El Tribunal, en ambos casos, hizo lugar pero puso como condición que la sentencia quedara firme para que se publique, algo que por la lentitud del Poder Judicial aún no pasó: las dos sentencias esperan la definición de la Corte Suprema de Justicia desde hace años.
Hay también antecedentes similares pero que no prosperaron por la negativa del tribunal. En 2017, en el juicio ESMA III, la fiscal Soiza Reilly exhibió decenas de notas de los diarios ClarÃn, La Nación, Crónica, La Prensa, La Razón y las revistas Para Ti y Gente, y solicitó que se ordenara a esos medios la publicación de la verdad, pero los jueces ni siquiera lo tuvieron en cuenta. Un caso emblemático es el de Thelma Jara de Cabezas, la sobreviviente de la ESMA que fue llevada por sus secuestradores para simular una entrevista que la revista Para Ti publicó con el tÃtulo «Habla la madre de un subversivo muerto».
En Mendoza, también en 2017, la querella que representaba a la familia del poeta Francisco “Paco†Urondo reclamó que se rectificara un cable de Télam publicado por el diario Los Andes titulado “Abatieron en Mendoza a un delincuente subversivo†y señalaba que habÃa usado “como escudo a un niño†y que “planeaba atacar una comisarÃaâ€, toda información falsa que habÃa sido difundida por el Tercer Cuerpo del Ejército. El Tribunal tampoco respondió al pedido. «
La información falsa fue un arma más para el terrorismo de Estado. A través de comunicados oficiales, notas en medios cómplices y operaciones realizadas directamente en las mazmorras de la represión, la dictadura buscó instalar miedo, dividir a la sociedad, justificar y ocultar sus crÃmenes. La comunicación fue parte de la acción psicológica contra la población e integraba los manuales militares de la época.
Con el avance de los juicios por crÃmenes de lesa humanidad, comenzó a quedar más en evidencia el accionar de la dictadura y de los grandes medios de comunicación. Las personas que eran presentadas como delincuentes, sediciosos, terroristas, eran trabajadores, militantes gremiales y polÃticos que fueron vÃctimas de un plan de exterminio. Esa información, más de 40 años después de los hechos, continúa hoy en los archivos y hemerotecas a pesar de contar con datos falsos que generaron un daño que aún perdura en familiares y sobrevivientes.
Desde hace algunos años, fiscales y querellas empezaron a reclamar que esas notas se rectifiquen, en lÃnea con las medidas de reparación integral que impulsa el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. El último ejemplo de esto fue en el juicio de Vuelos de la muerte en Campo de Mayo, pero antes ya habÃa ocurrido en los debates realizados en BahÃa Blanca, con el diario La Nueva Provincia, en ESMA III y en Mendoza, con diferentes resultados.
“Remitir testimonios de esta sentencia a conocimiento del Grupo ClarÃn S.A para que adecuen conforme a lo aquà resuelto la nota ‘Buscan a familiares de dos niños abandonados’ del dÃa 24 de noviembre de 1977â€. Este fue el punto 10 del veredicto del Tribunal Oral Federal 2 de San MartÃn en la causa Vuelos de Campo de Mayo y refiere a una nota que presentó como perdidos y abandonados a los hijos de Roberto Arancibia, una de las vÃctimas de la causa, cuando en realidad sus padres habÃan sido secuestrados y desaparecidos.
En septiembre, cuando se publiquen los fundamentos, se conocerá cómo aplicará el Tribunal esa medida y si el diario ClarÃn la cumplirá.
“Hoy los procesos de Memoria, Verdad y Justicia en Argentina vuelven a reafirmar que necesitamos sostenerlos con una polÃtica de reparación adecuadaâ€, sostuvo la fiscal Mercedes Soiza Reilly y, si bien señala que el medio podrÃa negarse a realizarlo, basado en su derecho a la libertad de expresión, no se puede soslayar el derecho de las vÃctimas a que se diga la verdad de lo ocurrido, en lÃnea con el derecho a la verdad que les asiste.
“¿Por qué ClarÃn podrÃa oponerse a adecuar su noticia a la verdad probada en un juicio? Estamos en una sociedad democrática, hay un proceso activo de Memoria, Verdad y Justicia. Los juicios son espacios donde se reconstruye la verdad de lo ocurrido, donde se respetan todas las garantÃas constitucionales. La discusión pasarÃa por si los diarios en Argentina están de acuerdo con eso y sobre todo, en respetar el derecho a la verdad, tan importante para las vÃctimas y para la sociedad argentina, como un camino posible para garantizar que no se repitan estos hechos violentosâ€, añadió.
El primer pedido de rectificación se realizó en BahÃa Blanca en 2015 para que La Nueva Provincia diera cuenta de los delitos cometidos durante el terrorismo de Estado. El multimedio tuvo un rol propagandÃstico de la dictadura y de la represión ilegal y, además, dos trabajadores del diario, Enrique Heinrich y Miguel Ãngel Loyola, secretario general y tesorero en el Sindicato de Artes Gráficas de BahÃa Blanca, fueron secuestrados, torturados y luego asesinados en pleno conflicto gremial con la empresa y con sus dueños, la familia Massot.
La fiscalÃa a cargo de Miguel Palazzani y José Nebbia incluyó en su alegato un novedoso pedido de derecho a réplica colectivo por el que solicitó que el diario rectificara la información sobre las vÃctimas. “No hay ninguna razón o derecho para que sus historias queden contadas y fijadas en el diario como historias de delincuentes terroristas enemigos del pueblo argentino», señalaron.
En el juicio siguiente, de 2017, hicieron el mismo planteo. El Tribunal, en ambos casos, hizo lugar pero puso como condición que la sentencia quedara firme para que se publique, algo que por la lentitud del Poder Judicial aún no pasó: las dos sentencias esperan la definición de la Corte Suprema de Justicia desde hace años.
Hay también antecedentes similares pero que no prosperaron por la negativa del tribunal. En 2017, en el juicio ESMA III, la fiscal Soiza Reilly exhibió decenas de notas de los diarios ClarÃn, La Nación, Crónica, La Prensa, La Razón y las revistas Para Ti y Gente, y solicitó que se ordenara a esos medios la publicación de la verdad, pero los jueces ni siquiera lo tuvieron en cuenta. Un caso emblemático es el de Thelma Jara de Cabezas, la sobreviviente de la ESMA que fue llevada por sus secuestradores para simular una entrevista que la revista Para Ti publicó con el tÃtulo «Habla la madre de un subversivo muerto».
En Mendoza, también en 2017, la querella que representaba a la familia del poeta Francisco “Paco†Urondo reclamó que se rectificara un cable de Télam publicado por el diario Los Andes titulado “Abatieron en Mendoza a un delincuente subversivo†y señalaba que habÃa usado “como escudo a un niño†y que “planeaba atacar una comisarÃaâ€, toda información falsa que habÃa sido difundida por el Tercer Cuerpo del Ejército. El Tribunal tampoco respondió al pedido. «
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