"Se huele el tufillo de la teor锟絘 de los dos demonios" en los fallos de Comodoro Py
Por Mar铆a Aguirre11-06-2022 | 15:39
Foto: Archivo Con fallos que beneficiaron a represores condenados por cr铆menes de lesa humanidad y el intento de reabrir la causa prescripta por el atentado de 1976 adjudicado a Montoneros, un sector de Comodoro Py pretende reinstalar la postura que iguala las acciones imprescriptibles del terrorismo de Estado con delitos cometidos por civiles, posici贸n esgrimida hist贸ricamente por sectores negacionistas.
En los 煤ltimos d铆as, por un lado, la C谩mara Federal de Casaci贸n Penal habilit贸 que accedan a prisiones domiciliarias varios de los genocidas m谩s emblem谩ticos de la 煤ltima dictadura y, por el otro, la C谩mara Federal porte帽a, compuesta por Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, orden贸 a la jueza Mar铆a Servini ampliar sus fundamentos en una causa por el atentado del 2 de julio de 1976 a la sede policial denominada Coordinaci贸n Federal, donde funcion贸 un centro clandestino de detenci贸n.
Abogados especializados en derechos humanos evaluaron que en este tipo de resoluciones "se huele el tufillo de la teor铆a de los dos demonios", seg煤n grafic贸 en di谩logo con T茅lam Pablo Llonto.
"Lamentablemente en los 煤ltimos a帽os la Sala I (de la C谩mara Federal) se convirti贸 en una c谩mara que ayuda y facilita las peticiones de abogados de los genocidas", opin贸 Llonto y consider贸 que los jueces hacen "volteretas" y as铆 como en otro tiempo respetaron "la l铆nea hist贸rica" en materia de derechos humanos ahora parecen "insinuar que los delitos de lesa humanidad pueden haber sido cometidos por ciudadanos y no por funcionarios del Estado".
"Con su resoluci贸n, los jueces reinstalan la idea de que las muertes provocadas por las organizaciones de la 茅poca son equiparables a delitos de lesa humanidad", advirti贸 el CELS y remarc贸 que Servini fundament贸 "con precisi贸n" que el ataque a la Superintendencia hab铆a "prescripto", algo que, incluso, qued贸 firme al contar con el aval de la Corte Suprema.
Foto: Archivo Es que, con diferentes fallos a lo largo de los a帽os, la Justicia Federal siempre dio por prescripta la causa de la bomba de 1976 por no haber sido un crimen cometido por el Estado e incluso en el 2012 la Corte rechaz贸 los recursos presentados para reimpulsarla.
Para el CELS, "aunque jur铆dicamente esta discusi贸n est茅 saldada en la Argentina, cada cierto tiempo aparecen estas decisiones judiciales que reabren la cuesti贸n y producen lo que est谩 pasando ahora mismo: una ola de discursos que equiparan a las organizaciones de militantes con la violencia de Estado m谩s cruenta del siglo XX, ola que, adem谩s, nutre los discursos que justifican el endurecimiento estatal contempor谩neo".
Para que un crimen sea considerado delito de lesa humanidad tiene que ser "parte de un ataque generalizado o sistem谩tico contra una poblaci贸n civil" y debe demostrarse "la comisi贸n m煤ltiple de actos" en "conformidad con la pol铆tica de un Estado".
M谩s all谩 de las contundentes definiciones en este sentido de tribunales internacionales a lo largo de la historia, la Corte Suprema estableci贸 en el 2003 que la dictadura c铆vico militar (1976-1983) incurri贸 en esos delitos imprescriptibles, una postura que permiti贸 la apertura de juicios por cr铆menes de lesa humanidad en todo el pa铆s.
En este escenario de fallos recientes que intentan desandar el camino de "Memoria, Verdad y Justicia", podr铆a ser inminente la libertad de Santiago Riveros y Jorge Tigre Acosta, genocidas emblem谩ticos de la dictadura por su actuaci贸n en los centros clandestinos de detenci贸n que funcionaron en Campo de Mayo y en la Escuela de Mec谩nica de la Armada (ESMA).
Pese a haber recibido prisi贸n perpetua en el 2011 por los cr铆menes que ejecut贸 durante la dictadura y haber sido condenado tambi茅n el a帽o pasado por abusos sexuales, psicol贸gicos y violaciones cometidas contra prisioneras de la ex-ESMA, el Tigre Acosta result贸 beneficiado por la C谩mara Federal de Casaci贸n Penal, que lo dej贸 a un paso de la libertad condicional, al tomar como v谩lido un c谩lculo m谩s favorable a la conmutaci贸n del tiempo de encierro.
Foto: Daniel Dabove Acosta, condenado tambi茅n por la apropiaci贸n de beb茅s, ya hab铆a recibido otra bonificaci贸n en el 2015 cuando el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 decidi贸 unificar sus penas.
El Gobierno, representado por la Secretar铆a de Derechos Humanos que conduce Horacio Pietragalla Corti, manifest贸 su preocupaci贸n ante estos fallos y advirti贸 que "el Estado argentino tiene la obligaci贸n de investigar, juzgar y sancionar" y que las penas "deben ser cumplidas de manera efectiva y completa como parte de la reparaci贸n a las v铆ctimas y a la sociedad".
Desde la Secretar铆a de Derechos Humanos recordaron que en los 煤ltimos a帽os se profundiz贸 el otorgamiento de estos beneficios y apenas un tercio de las m谩s de 2200 personas investigadas o condenadas por cr铆menes de lesa humanidad se encuentra detenida, seg煤n datos del Ministerio P煤blico Fiscal.
Detallaron adem谩s que que tan s贸lo 185 represores cumplen la pena o la prisi贸n preventiva en un establecimiento penitenciario y que una "gran mayor铆a" de los sentenciados est谩 bajo el r茅gimen de prisi贸n domiciliaria (565).
La Subsecretar铆a de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires sum贸 tambi茅n su preocupaci贸n y exigi贸 "rigurosidad al Poder Judicial Federal a la hora de otorgar esos beneficios, as铆 como de hacerlos cumplir".
Entre los aspirantes a conseguir una prisi贸n domiciliaria est谩 el exdirector de Investigaciones de la Polic铆a Bonaerense Miguel Etchecolatz, con varias condenas a prisi贸n perpetua, por lo que se estima que no se har谩 efectivo el beneficio.
Familiares, sobrevivientes y testigos en los juicios por los delitos cometidos en la ex-ESMA, como tambi茅n organizaciones pol铆ticas y sindicales, repudiaron el fallo que benefici贸 a Acosta y marcaron que "es obligaci贸n ineludible de la Justicia el velar por los valores democr谩ticos y por el cumplimiento de las leyes".
Alertaron que "una persona que fue pieza clave del Terrorismo de Estado no puede reintegrarse a una sociedad que se ha pronunciado por el Nunca M谩s".
Firmaron el comunicado los sobrevivientes Miriam Lewin, Mart铆n Gras, Juan Gasparini, Ra煤l Cubas, Rosario Quiroga, Dora Seoane, Alicia Ruszkowski y Celina Rodr铆guez Molina, entre otros.
Adhirieron tambi茅n los dirigentes Pablo Moyano (Camioneros), Hector Amichetti (Federaci贸n Gr谩fica Bonaerense), Agust铆n Lecchi (Sindicato de Prensa de Buenos Aires), Juan Grabois (Movimiento de Trabajadores Excluidos), Gervasio Mu帽oz (Federaci贸n Nacional de Inquilinos) y Diego de los Santos (ATE Ente P煤blico ESMA), entre otros representantes gremiales y pol铆ticos.
La intenci贸n de un sector del Poder Judicial de reducir el cumplimiento efectivo de las condenas de los represores tuvo en los 煤ltimos a帽os un antecedente que involucr贸 a la propia Corte Suprema, cuando en mayo de 2017 -en un fallo dividido- promovi贸 a partir del caso "Mui帽a" la aplicaci贸n del principio del "2x1" (r茅gimen compensatorio para el c贸mputo de las penas) en beneficio de los condenados por delitos de lesa humanidad.
El fallo gener贸 una gran resistencia social, objeciones de organismos internacionales y deriv贸 en una r谩pida intervenci贸n del Congreso, hasta que un a帽o y medio despu茅s la Corte emiti贸 otro fallo (caso "Rufino Batalla") en el que recuper贸 decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para concluir que el "2x1" no se pod铆a aplicar en ese tipo de causas. Etiquetas:
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