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  23 de agosto de 2014
Investigan apropiación de lotes ferroviarios en Río Cuarto y Río Tercero
La Justicia federal indagó a los cuatro imputados por falsas cesiones de tierras estatales para uso privado en Río Cuarto y Río Tercero. En 2012, estuvieron a punto de construir departamentos y locales comerciales en terrenos fiscales. Podría haber casos consumados.

Río Cuarto. Tras haber indagado a los cuatro imputados por un intento de apropiación ilegal de lotes estatales de ferrocarril en varias ciudades cordobesas, la Justicia federal de Río Cuarto avanza en la causa que investiga presuntas maniobras de falsa cesión de tierras públicas para usufructo de privados.

El supuesto delito saltó a la luz en Río Cuarto en 2012, cuando un particular pidió autorización al municipio para construir nueve departamentos con cochera en dos lotes del predio ferroviario estatal. Aseguraba entonces que le habían sido “transferidos gratuitamente” por el Estado Nacional.

En los mismos días, surgió una duda por una situación análoga en Río Tercero.

En ambos casos se estaban ya demarcando terrenos para construir locales comerciales y departamentos en terrenos pegados a las vías que atraviesan esas ciudades.

Al tomar estado público esos casos, surgieron interrogantes en torno a terrenos fiscales colindantes a líneas férreas en otras localidades, en los que existen construcciones privadas. Entre ellos se citaron los de Berrotarán, Laboulaye, Monte Maíz y Ucacha. Pero la lista podría ampliarse.

Por los casos de Río Cuarto y Río Tercero, en octubre de 2012 el fiscal federal Guillermo Lega pidió que se investigue la posible existencia de una “asociación ilícita”, organizada para defraudar al Estado nacional, a partir de la adulteración de documentos para el otorgamiento de predios del ferrocarril a particulares.

Solicitó pericias, aún no concluidas, para determinar si las escrituras que presentaron los inversores tenían firmas de escribanos falsificadas, como oportunamente aseguraron los interesados a este diario.

Finalmente, el Juzgado Federal imputó a cuatro personas. La secretaria penal Lucía Storani dijo que en junio se completaron las indagatorias y la causa sigue en instrucción.

El caso que saltó

Tras las primeras publicaciones del caso, la Administración de Infraestructura Ferroviaria (Adif), del Ministerio del Interior de la Nación, remitió a este diario un comunicado aclarando que “no cedió ni cederá” espacios públicos de predios ferroviarios a privados, en ninguna localidad. A la vez, la Adif presentó en la Justicia documentación denunciando que serían falsas las escrituras presentadas con el fin de mostrar como propios terrenos que son del Estado y que además, para la maniobra, se habría falsificado la firma del presidente de ese organismo.

El primer imputado es el exintendente de Ucacha, Miguel Mattone, acusado de supuesta defraudación a la administración pública en grado de tentativa y estafa, en concurso real, por tres hechos (Río Cuarto, Ucacha y Laboulaye). Su indagatoria se demoró varios meses porque tuvo un problema de salud, según se indicó.

Los otros tres imputados por presunta falsificación de documentación pública, uso de documentación pública falsificada, usurpación y daño, son de Río Tercero: Héctor Valfredo, Marcos Ferreira y Raúl Héctor Rodríguez. Este último fue quien proyectó construir en el predio ferroviario de barrio Banda Norte, en Río Cuarto. En su momento, en declaraciones a este diario, Rodríguez deslindó toda la responsabilidad en Mattone, a quien dijo que consideraba un gestor. “Me confié, me vendieron una gestión que no era real”, dijo el abogado riotercerense. Admitió que con el mismo gestor había tramitado el también abogado Valfredo la cesión de un terreno, a una cuadra de pleno centro de Río Tercero, donde ya se habían empezado a talar árboles para iniciar una construcción comercial.

La causa lleva dos años

Engaño. Ante la Justicia, tres de los imputados dijeron haber sido engañados por un exintendente (el cuarto imputado) que oficiaba de gestor.

Apócrifos. Ante el Juzgado Federal, en 2012, la Adif desconoció una escritura presentada por los lotes de Río Cuarto, con la firma de su presidente y convalidada por el Colegio de Escribanos de Buenos Aires. Las pericias comprobaron que eran documentos apócrifos.

Más casos. El Juzgado espera informes sobre otros predios ferroviarios, entre los que se encuentra el de Villa María, ocupado en partes por empresas privadas.



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