El recambio masivo de jueces, el reemplazo de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la militarización de ciudades a partir del estado de excepción, la licuación de funciones de los organismos de control y hasta la habilitación para la reelección en 2024 de Bukele representan marcas de los golpes que recibió en pocos meses la institucionalidad del paÃs.
Con pasado en el Frente Martà para la Liberación Nacional (FMLN), Bukele se reconvirtió luego como un outsider de la polÃtica –aunque habÃa sido alcalde de la capital- para ganar las elecciones de 2019.
Una vez asumido, tuvo una primera etapa de sobresaltos, duros enfrentamientos con los demás poderes y una gestión de Gobierno que no terminaba de modelar a su gusto.
Pero la mayorÃa legislativa que logró en los comicios del 1 de marzo del año pasado -56 diputados propios más algunos aliados sobre 84- pareció descorrer la tela que cubrÃa al verdadero mandatario y dar paso a un accionar de sesgo autoritario, cuestionado por las organizaciones defensoras de los derechos humanos, casi toda la prensa y organismos internacionales.
Buena parte del esqueleto de control del Gobierno se sostiene en su dominio de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que logró apenas se ejecutó el recambio legislativo.
Cuando la nueva Asamblea Legislativa salvadoreña asumió funciones el 1 de mayo, destituyó y reemplazó a los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte y al entonces fiscal general, Raúl Melara, que habÃan tenido serias diferencias con Bukele.
Esta nueva Sala Constitucional reinterpretó un artÃculo de la Constitución y dio luz verde para que Bukele se presente a una reelección, si lo pretende, en 2024.
Ese aval del Supremo revirtió un fallo de 2014 que impedÃa otro mandato en los 10 años posteriores a dejar el puesto.
La medida dejó fuera del cargo a 216 funcionarios judiciales a nivel nacional.
Para Rubio Fabián, todas esas medidas hicieron que "las instituciones de control realmente no tengan autoridad sobre los manejos de recursos, sea la Corte de Cuentas, el Instituto de Acceso de la Información, el Tribunal de Ética, la FiscalÃa General de la República".
Para Rubio Fabián, la Corte hoy es "una simple transmisora de las decisiones o las no-decisiones del presidente".
El mes pasado
, Bukele dispuso el estado de excepción, amparado en una serie de asesinatos atribuidos a las pandillas,
verdaderos actores centrales del quehacer socio-polÃtico salvadoreño, lo que se manifestó en la imagen de un paÃs militarizado, con retenes en calles y rutas.
La ONG Human Rights Watch (HRW) pidió al Ejecutivo que adopte "medidas respetuosas de los derechos humanos" para proteger a la población de la "atroz violencia" de las pandillas, porque las aprobadas recientemente "violan las garantÃas básicas del debido proceso y los derechos de los niños".
La agencia de la ONU se referÃa a la reforma de la Asamblea Legislativa a la Ley Penal Juvenil, que ahora condena hasta con 10 años de cárcel a niños y niñas de 12 a 15 años que formen parte de pandillas y hasta con 20 años de prisión a los mayores de 16.
Unicef señaló que la violencia de pandillas "es inaceptable; daña significativamente a las comunidades y pone a muchos niños, niñas y adolescentes en riesgo de vincularse al mundo del crimen", pero remarcó que encarcelar a esta niñez y adolescencia "no es la solución".
Unicef explicó que, según la Convención de los Derechos del Niño, la detención es una medida de último recurso y se debe utilizar durante el menor tiempo posible.
La última estocada fue la semana pasada: para quienes "reproduzcan y transmitan mensajes o comunicados originados o presuntamente originados por dichos grupos delictivos que pudieran generar zozobra y pánico a la población en general" habrá sanciones de 10 a 15 años de prisión.
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) expresó su "preocupación" ante un "claro intento de censura".
La entidad tiene registros de la suba de ataques a periodistas desde 2019: 77 en ese año, 125 en 2020 y 220 en 2021. En los primeros tres meses de 2022 van 30, la mayorÃa de parte de funcionarios o instituciones del gobierno.
"Los periodistas debieron acostumbrarse en dos años y medio a trabajar recibiendo amenazas y asumiendo que las instituciones del Estado, todas controladas por Bukele, van a bloquear el acceso a la información pública. Pero igual es evidente que ni El Faro ni los demás medios se han detenido ni se van a detener", remarcó. Etiquetas:
