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11 de abril de 2022

Bukele concentra más poder, en base al manejo de la Corte Suprema y el Congreso

10-04-2022 | 12:15

Apetición de Bukele, el Congreso aprobó días atrás reformas para aumentar de nueve a 45 años de prisión la pena máxima por pertenecer a pandillas

La reciente aprobación por parte del Congreso de El Salvador de la reforma penal que prevé castigos de hasta 15 años de prisión por la difusión de mensajes de pandillas en medios de comunicación, a propuesta del presidente Nayib Bukele, constituye, además de una "mordaza" para la prensa, como la calificaron las organizaciones del sector, un escalón más en las políticas de concentración de poder y de cerrojos a voces críticas motorizadas por el Ejecutivo.

El recambio masivo de jueces, el reemplazo de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la militarización de ciudades a partir del estado de excepción, la licuación de funciones de los organismos de control y hasta la habilitación para la reelección en 2024 de Bukele representan marcas de los golpes que recibió en pocos meses la institucionalidad del país.

Con pasado en el Frente Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Bukele se reconvirtió luego como un outsider de la política –aunque había sido alcalde de la capital- para ganar las elecciones de 2019.

Una vez asumido, tuvo una primera etapa de sobresaltos, duros enfrentamientos con los demás poderes y una gestión de Gobierno que no terminaba de modelar a su gusto.

Pero la mayoría legislativa que logró en los comicios del 1 de marzo del año pasado -56 diputados propios más algunos aliados sobre 84- pareció descorrer la tela que cubría al verdadero mandatario y dar paso a un accionar de sesgo autoritario, cuestionado por las organizaciones defensoras de los derechos humanos, casi toda la prensa y organismos internacionales.

"Definitivamente tenemos una deriva autoritaria que se manifiesta en varios campos: la misma concentración de los tres poderes en prácticamente una persona lo muestra. La toma de decisiones es totalmente vertical, es la consumación de la Santísima Trinidad", advirtió Roberto Rubio Fabián, coordinador de Transparencia Internacional (TI), economista y académico.

Buena parte del esqueleto de control del Gobierno se sostiene en su dominio de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que logró apenas se ejecutó el recambio legislativo.

Cuando la nueva Asamblea Legislativa salvadoreña asumió funciones el 1 de mayo, destituyó y reemplazó a los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte y al entonces fiscal general, Raúl Melara, que habían tenido serias diferencias con Bukele.

Esta nueva Sala Constitucional reinterpretó un artículo de la Constitución y dio luz verde para que Bukele se presente a una reelección, si lo pretende, en 2024.

Ese aval del Supremo revirtió un fallo de 2014 que impedía otro mandato en los 10 años posteriores a dejar el puesto.


Poco después, en septiembre último, la CSJ les pidió a los magistrados que presenten su renuncia ante la entrada en vigor de una reforma a la Ley de la Carrera Judicial impulsada también por Bukele, que impuso el cese de los jueces mayores de 60 años o que tuvieran 30 años de servicio.

La medida dejó fuera del cargo a 216 funcionarios judiciales a nivel nacional.

Para Rubio Fabián, todas esas medidas hicieron que "las instituciones de control realmente no tengan autoridad sobre los manejos de recursos, sea la Corte de Cuentas, el Instituto de Acceso de la Información, el Tribunal de Ética, la Fiscalía General de la República".

"La concentración de poder también permitió la promulgación de leyes de talante inconstitucional, que pasan fácilmente por la Asamblea Legislativa, sin estudios siquiera. Pasan expeditas, sin debate, salteándoselos procedimientos legislativos", lamentó en declaraciones a Télam el especialista, recibido en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) de El Salvador y doctorado en Estudios del Desarrollo de la belga Universidad Católica de Louvain-la-Neuve.

Para Rubio Fabián, la Corte hoy es "una simple transmisora de las decisiones o las no-decisiones del presidente".

El mes pasado

, Bukele dispuso el estado de excepción, amparado en una serie de asesinatos atribuidos a las pandillas,

verdaderos actores centrales del quehacer socio-político salvadoreño, lo que se manifestó en la imagen de un país militarizado, con retenes en calles y rutas.

La medida, que regirá por 30 días, tuvo también un debate exprés en el legislativo, que la aprobó velozmente, aún en medio de la preocupación nacional e internacional porque contradice tratados en materia de derechos humanos firmados por el país.

Según el decreto, el régimen de excepción implica suspender los derechos de libertad de asociación y a la defensa, el plazo máximo de la detención administrativa y el de la inviolabilidad de la correspondencia.

La ONG Human Rights Watch (HRW) pidió al Ejecutivo que adopte "medidas respetuosas de los derechos humanos" para proteger a la población de la "atroz violencia" de las pandillas, porque las aprobadas recientemente "violan las garantías básicas del debido proceso y los derechos de los niños".

Para el investigador senior para las Américas de HRW Juan Pappier, Bukele impulsó leyes "excesivamente amplias y punitivas que socavan los derechos fundamentales de todos los salvadoreños".

Bukele dispuso el estado de excepción, amparado en una serie de asesinatos atribuidos a las pandillas. Foto: AFP

También el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) advirtió que el endurecimiento de las penas de cárcel para la niñez y adolescencia no resolverá la violencia de pandillas, e instó al Gobierno a revisar esas modificaciones.

La agencia de la ONU se refería a la reforma de la Asamblea Legislativa a la Ley Penal Juvenil, que ahora condena hasta con 10 años de cárcel a niños y niñas de 12 a 15 años que formen parte de pandillas y hasta con 20 años de prisión a los mayores de 16.

Unicef señaló que la violencia de pandillas "es inaceptable; daña significativamente a las comunidades y pone a muchos niños, niñas y adolescentes en riesgo de vincularse al mundo del crimen", pero remarcó que encarcelar a esta niñez y adolescencia "no es la solución".

Unicef explicó que, según la Convención de los Derechos del Niño, la detención es una medida de último recurso y se debe utilizar durante el menor tiempo posible.

La última estocada fue la semana pasada: para quienes "reproduzcan y transmitan mensajes o comunicados originados o presuntamente originados por dichos grupos delictivos que pudieran generar zozobra y pánico a la población en general" habrá sanciones de 10 a 15 años de prisión.

La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) expresó su "preocupación" ante un "claro intento de censura".

La entidad tiene registros de la suba de ataques a periodistas desde 2019: 77 en ese año, 125 en 2020 y 220 en 2021. En los primeros tres meses de 2022 van 30, la mayoría de parte de funcionarios o instituciones del gobierno.

"Esta reforma no es una rareza en la evolución del Gobierno de Bukele, sino un paso más en el despliegue de toda una serie de acciones para bloquear cualquier atisbo de periodismo independiente", advirtió a Télam Juan Luis Sanz, exdirector de El Faro y ahora corresponsal en Washington de esa publicación.

Sanz enumeró "la estrategia de acoso constante a través de ejércitos de trolls en redes sociales, el uso de Hacienda para perseguir sin base a medios independientes, la inversión millonaria en hackeos de teléfonos" entre las maniobras del oficialismo.

"Los periodistas debieron acostumbrarse en dos años y medio a trabajar recibiendo amenazas y asumiendo que las instituciones del Estado, todas controladas por Bukele, van a bloquear el acceso a la información pública. Pero igual es evidente que ni El Faro ni los demás medios se han detenido ni se van a detener", remarcó.
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