La escucha de los latidos del embrión o feto antes de realizar un aborto es el eje de Proyecto Latidos, una iniciativa impulsada por la diputada nacional de La Libertad Avanza Alida Ferreyra. La propuesta establece que los establecimientos de salud deberán disponer los medios clínicos para que la persona gestante pueda acceder a esa instancia antes de firmar el consentimiento informado, siempre que la actividad cardíaca sea técnicamente detectable.

En una entrevista con Infobae a la Tarde, la legisladora sostuvo que la medida busca que las pacientes reciban información sobre la evolución de la gestación y los procedimientos médicos disponibles. "Donde hay latido hay vida", afirmó al explicar los fundamentos de una iniciativa que también abrió interrogantes sobre la autonomía de las mujeres y las condiciones de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo.

Ferreyra explicó que el proyecto fue elaborado junto con los legisladores que acompañaron su presentación y que apunta a incorporar información sobre el desarrollo de la gestación antes de realizar un aborto.

"Es un criterio que pensamos con los colegas que me acompañaron con la firma, en brindar información clara, concreta, verificable científicamente, respecto de la evolución de la gestación en curso", señaló.

Al desarrollar su postura, cuestionó la definición de interrupción del embarazo y sostuvo que la actividad cardíaca constituye una evidencia de la existencia de vida. "No hay una interrupción del embarazo porque hay una vida que se puede verificar con la actividad cardíaca que se termina. Ya no es mi cuerpo, mi decisión", expresó.

Luego sintetizó su posición: "Donde hay latido hay vida". Y agregó: "No es una vida que se interrumpe porque no puede volver a comenzar, sino que se termina".

La diputada también vinculó su iniciativa con argumentos de bioética y medicina, y mencionó antecedentes de propuestas similares en algunos estados de Estados Unidos y otros países. A su vez, planteó que el consentimiento informado debe incluir detalles sobre los riesgos y las posibles consecuencias de los procedimientos quirúrgicos o medicamentosos.

En ese contexto, cuestionó la información que, según afirmó, reciben algunas pacientes en centros de salud y salas de atención primaria. También mencionó posibles consecuencias físicas, psicológicas y problemas de fertilidad asociados a prácticas reiteradas, aunque no presentó estudios que respaldaran esas afirmaciones durante la entrevista.

El texto de Proyecto Latidos establece que, cuando la actividad cardíaca sea técnicamente detectable, el establecimiento de salud deberá disponer los medios clínicos para que la persona gestante pueda escucharla antes de suscribir el consentimiento informado. Además, determina que esa instancia será obligatoria dentro del proceso de información y deberá quedar documentada en la historia clínica.

La obligatoriedad de ese procedimiento fue uno de los principales puntos de discusión. Ferreyra reconoció que escuchar la actividad cardíaca puede generar emociones, pero negó que la finalidad sea provocar sufrimiento o disuadir a las mujeres de interrumpir el embarazo.

"No se trata de martirizar, sino [de que] tome su consentimiento con información, como dice el término consentimiento informado, que sea responsable, detallada y totalmente, cabalmente", respondió ante los cuestionamientos.

La legisladora insistió en que la propuesta apunta a ampliar la información disponible antes de la decisión y sostuvo que conocer las características de la gestación forma parte de ese proceso.

Otro de los aspectos abordados fue la posibilidad de que una paciente se niegue a escuchar la actividad cardíaca. Ferreyra consideró que la iniciativa no vulnera la autonomía porque el profesional de la salud necesita contar con información para determinar qué procedimiento corresponde en cada caso.

"No se viola la autonomía del paciente desde el punto de vista de que el médico necesita esa información para saber qué procedimiento quirúrgico o médico, medicamentoso en algunos casos, puede proporcionar", sostuvo.

También fue consultada sobre la aplicación de la propuesta en menores de edad. La diputada respondió que "los menores de edad también son pacientes" y mencionó el principio de autonomía progresiva, que reconoce la capacidad de niñas, niños y adolescentes para expresar su voluntad de acuerdo con su edad y grado de madurez.

La discusión alcanzó además a los embarazos producto de una violación. Ferreyra recordó que esos casos están contemplados por la normativa vigente desde 1921. Sin embargo, al ser consultada específicamente sobre si la escucha se aplicaría también en esas situaciones, no precisó una respuesta concreta.

"Obviamente que médicamente, de acuerdo a la etapa evolutiva de gestación, el médico va a contemplar si es necesario", respondió. Luego sostuvo que la iniciativa no modifica el marco normativo vigente sobre interrupción voluntaria del embarazo.

La legisladora también mencionó herramientas de acompañamiento para quienes decidan continuar con la gestación, entre ellas el apoyo de asociaciones civiles y la Asignación Universal por Hijo (AUH).

En relación con las posibilidades de avanzar con el proyecto en el Congreso, Ferreyra descartó que exista una coordinación con la Casa Rosada o con los ministerios del Gobierno nacional. Aseguró que la presentación responde a las convicciones de los legisladores que acompañaron el texto.

"Responde a los intereses de los firmantes, mío como autora y los que me acompañan como cofirmantes, respecto de nuestras convicciones a favor de la vida", afirmó. También relacionó su postura con los principios del liberalismo y el principio de no agresión.

Hacia el final de la entrevista, ante el planteo de que una decisión de esa naturaleza debería quedar exclusivamente en manos de cada mujer, reconoció que la resolución final corresponde a quien atraviesa el embarazo. No obstante, insistió en que debe existir una instancia previa de información.

"Lo que nosotros queremos es que tenga información clara, concreta, verificable científicamente, técnicamente", concluyó.

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