La Cámara de Diputados de Paraguay aprobó este jueves la acusación para un juicio político contra el presidente Santiago Peña, sustentada en cinco causales que vinculan su actuación con el caso de Ueno Bank y con presuntas irregularidades en organismos públicos.

La iniciativa, presentada por legisladores opositores y disidentes, es tratada en una sesión extraordinaria que se inició este jueves por la mañana, en medio de una gran tensión en las calles de Asunción. El proyecto busca establecer si Peña tuvo responsabilidad, participación u omisiones frente a hechos que, según los firmantes, constituyen mal desempeño de sus funciones.

El primer eje de la acusación se concentra en eventuales conflictos de intereses entre el Poder Ejecutivo y empresas vinculadas al mandatario. Los legisladores sostienen que durante la actual administración se impulsaron cambios legales y regulatorios que habrían beneficiado a Ueno Bank.

Según el documento citado por Última Hora, Peña declaró ante la Contraloría General de la República acciones por un valor nominal de G. 6.144 millones en Ueno Holding SAECA. Para los impulsores del juicio político, esa participación patrimonial obliga a analizar si existió incompatibilidad entre los intereses privados del presidente y sus funciones públicas.

La acusación también menciona la designación de funcionarios con antecedentes laborales en compañías relacionadas con el jefe de Estado. Entre los nombres incluidos figuran el expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo; el ex ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos; Juan Manuel Gustale y Diego Duarte Schussmuller.

El segundo punto plantea una presunta intervención indebida en el Instituto de Previsión Social (IPS). Los diputados cuestionan modificaciones en las normas de inversión de la previsional y sostienen que esos cambios habrían permitido una mayor colocación de fondos en Ueno Bank.

De acuerdo con los datos incorporados al escrito, la entidad comenzó a figurar en el sistema de inversiones del IPS en septiembre de 2023. Dos meses más tarde, cuando pasó a operar como banco, la cifra habría llegado a G. 80 millones. Para marzo de 2024, los recursos invertidos ascendían a G. 346.500 millones.

Los legisladores calculan que, en 20 meses, los fondos destinados a la entidad crecieron 3.035 %. El planteo advierte que los recursos administrados por el IPS tienen como finalidad el pago futuro de jubilaciones, por lo que exigen criterios de prudencia y límites de concentración.

En ese sentido, el documento señala que una inversión creciente en una firma relacionada con el titular del Ejecutivo podría comprometer la garantía constitucional sobre el destino específico de los recursos previsionales.

El tercer argumento está relacionado con operaciones de crédito de Ueno Bank y la actuación del Banco Central. Según los informes técnicos mencionados en el proyecto, al cierre de abril la entidad acumulaba créditos con tres empresas vinculadas por G. 743.784 millones, equivalentes a unos USD 123 millones.

Esa suma representaría cerca del 30 % del patrimonio efectivo de la institución, mientras que el límite prudencial establecido por la normativa es del 20 %, de acuerdo con la acusación parlamentaria.

Los firmantes afirman que el BCP validó inicialmente esas operaciones. A partir de ello, atribuyen a Peña una supuesta omisión al no ejercer las facultades previstas en el artículo 238 de la Constitución Nacional para apartar a autoridades de la banca matriz.

El cuarto eje se refiere a un posible beneficio patrimonial indebido y a indicios de enriquecimiento ilícito. Los diputados cuestionan la evolución patrimonial del presidente y sus relaciones económicas con Ueno Holding e Itti.

La acusación sostiene que corresponde a la Cámara de Diputados determinar si la información patrimonial presentada por Peña resulta compatible con el ejercicio de la Presidencia. El texto plantea que pudo existir un aprovechamiento del cargo para reforzar ventajas financieras personales y beneficios corporativos.

La quinta causal vincula los hechos denunciados con un eventual deterioro de la confianza pública en el sistema financiero paraguayo. Los legisladores sostienen que la combinación de presuntos beneficios, concentración de fondos y debilidad de los controles estatales podría representar un riesgo sistémico.

"Un sistema financiero no se sostiene solo en capital y regulación. Se sostiene, sobre todo, en la confianza", expresaron los parlamentarios en el documento que respalda la iniciativa.

Para los promotores del proceso, los daños que puedan afectar la credibilidad de las instituciones financieras son difíciles de reparar y también pueden encuadrarse en la figura de mal desempeño de funciones. La Cámara de Diputados deberá definir este jueves el curso de la acusación contra Peña.