En medio de los reclamos empresarios por los elevados costos de producción y las dificultades para competir con productos del exterior, la presión impositiva volvió a ocupar un lugar central en la agenda industrial. La necesidad de reducir la carga tributaria fue uno de los planteos que atravesó este martes la 32° Conferencia Industrial de la UIA, donde el debate involucró tanto al Gobierno nacional como a las provincias y los municipios.

En ese contexto, la entidad presentó su propia propuesta: un régimen de incentivos fiscales para la industria, con beneficios similares a los del RIGI, reducción de impuestos y estabilidad tributaria por 30 años, cuya implementación requiere un acuerdo político entre los tres niveles de gobierno.

La iniciativa fue presentada por Carlos Abeledo, jefe del Departamento de Política Tributaria de la Unión Industrial Argentina (UIA), quien explicó que el proyecto surgió de conversaciones con el presidente de la entidad, Martín Rappallini, y que ya comenzaron los contactos con autoridades nacionales y algunas jurisdicciones provinciales. La propuesta, denominada Pacto Fiscal Industrial Federal, busca reducir los costos tributarios, estimular la inversión y mejorar las condiciones para competir en los mercados internacionales.

El planteo se conoció durante una jornada en la que el ministro de Economía, Luis Caputo, también abordó la cuestión impositiva. El funcionario habló de avanzar sobre el impuesto de Sellos, aunque no anunció medidas sobre Ingresos Brutos, uno de los tributos más cuestionados por los industriales y cuya reducción depende de las provincias.

Abeledo retomó ese punto y cuestionó las posiciones expresadas por los gobernadores que participaron previamente de la conferencia. Según sostuvo, pese a las exenciones que mencionaron los mandatarios provinciales, las empresas industriales continúan soportando el costo del impuesto.

Para ilustrarlo, recurrió a una anécdota de la histórica pelea entre Ringo Bonavena y Cassius Clay. Recordó que, mientras sus entrenadores le aseguraban al boxeador argentino que estaba ganando, Bonavena respondió: "Revísenlo al réferi porque alguien me está pegando". "Acá con Ingresos Brutos pasa lo mismo. Todos nos eximieron, pero nosotros estamos pagando. O sea, a alguien hay que revisar porque a alguien no le llegó la noticia", ironizó Abeledo.

Como punto de partida, la UIA presentó la segunda edición de un relevamiento sobre la carga tributaria argentina en comparación con otros 29 países. El estudio analizó ocho impuestos de los tres niveles de gobierno.

Según el trabajo, la presión fiscal promedio de la Argentina alcanza el 28%, lo que ubica al país en el puesto 12 del conjunto analizado. Sin embargo, cuando la entidad ajustó ese indicador por el nivel de informalidad laboral, cercano al 50%, la presión fiscal sobre el sector formal ascendió al 56%, el valor más elevado entre los 30 países incluidos en el relevamiento. En esa segunda medición, Brasil ocupó el segundo lugar, con una presión del 50%, mientras que Francia e Italia registraron niveles del 45%.

El informe identificó, además, los impuestos en los que la Argentina presenta las mayores cargas relativas. En el ámbito nacional, encabezó la comparación en el impuesto a los débitos y créditos bancarios y en la imposición sobre el patrimonio. También se ubicó entre los primeros puestos en Ganancias de sociedades y en el Impuesto al Valor Agregado (IVA).

En materia de derechos de exportación, Abeledo señaló que la Argentina comparte con Rusia la particularidad de aplicar ese tipo de tributos dentro del conjunto de países analizados.

En el nivel subnacional, Argentina encabezó las comparaciones de Ingresos Brutos, Sellos y tasas municipales. El especialista también cuestionó los mecanismos de retenciones y percepciones anticipadas, que generan saldos a favor de los contribuyentes y afectan el capital de trabajo de las empresas.

Durante su presentación, Abeledo contó cómo surgió la idea de impulsar un esquema especial de beneficios tributarios para la industria.

Según relató, antes de asumir la presidencia de la UIA, Rappallini le planteó la necesidad de desarrollar una propuesta específica para el sector transable de la economía.

En un primer momento, Abeledo consideró que no era oportuno avanzar porque predominaba el criterio de que los beneficios impositivos debían ser generales y no sectoriales. Sin embargo, la aparición de distintos regímenes de incentivos modificó esa evaluación. "Hay RIGI que ha beneficiado a ciertos sectores de la economía. Hay RIMI, que ha tratado de dar beneficios a las pequeñas y medianas empresas. Hay proyectos de superRIGI", enumeró durante su exposición.

A partir de ese escenario, la UIA comenzó a diseñar un esquema específico para las empresas industriales.

El proyecto recuperó como antecedentes el Pacto Fiscal Federal de 1993 y el Consenso Fiscal de 2017, aunque Abeledo advirtió que aquellas experiencias no consiguieron concretar plenamente sus objetivos.

La iniciativa busca comprometer simultáneamente a Nación, provincias y municipios. La entidad ya comenzó a conversar sobre el proyecto con autoridades nacionales y algunas jurisdicciones provinciales, aunque todavía necesita reunir los consensos necesarios para su implementación.

El Pacto Fiscal Industrial Federal, identificado en la presentación como RICI, contempla compromisos nacionales y subnacionales.

Entre las principales propuestas de alcance nacional figuran:

Abeledo sostuvo que los incentivos a la amortización permitirían mejorar las condiciones para invertir, en un contexto de baja inversión.

También hizo especial hincapié en la necesidad de eliminar el impuesto al cheque, que nació en 2001 como una medida de emergencia y que originalmente debía mantenerse hasta diciembre de 2003.

La segunda parte de la propuesta constituye uno de los principales desafíos políticos para la UIA, porque involucra impuestos que dependen de las decisiones de los gobiernos provinciales y municipales.

Las medidas planteadas son:

El tratamiento de Ingresos Brutos ocupó un lugar central en la exposición. Abeledo cuestionó que las provincias apliquen mayores alícuotas sobre determinadas actividades sin considerar cómo esos costos terminan trasladándose al resto de la economía.

Como ejemplo, mencionó el aumento de la carga tributaria sobre el sector financiero y advirtió que el efecto final recae sobre quienes necesitan tomar créditos. "Si un defecto tiene Ingresos Brutos es que es en cascada y trasladable. Lo termina pagando el que toma un crédito", sostuvo.

En el caso de las tasas municipales, reclamó que exista una relación concreta entre los montos cobrados y los servicios efectivamente prestados. También destacó la importancia de la intervención judicial y mencionó fallos recientes de la Corte que buscan establecer límites a los excesos en la tributación municipal.

Abeledo insistió en que cualquier modificación del impuesto de Sellos, como la planteada por Caputo, necesita el acuerdo de las 24 jurisdicciones.

En el cierre de su exposición, el dirigente reclamó decisiones políticas para avanzar con el nuevo esquema tributario y recordó el programa televisivo Atreverse, emitido a comienzos de los años noventa.

"Hay algunas decisiones que se tienen que tomar que requieren coraje", afirmó.

Y dirigió un pedido a las autoridades nacionales, provinciales y municipales: "Es importante de una vez por todas que este acuerdo, este pacto que estamos proponiendo, entre en vigencia".