La Corte Suprema de Estados Unidos concedió a la Argentina una extensión del plazo para responder al recurso que presentaron los demandantes en el juicio por la expropiación de YPF. El Estado argentino tendrá ahora hasta el 2 de diciembre para presentar sus argumentos ante el máximo tribunal estadounidense.

La información fue explicada por Sebastián Maril, especialista que sigue de cerca los litigios contra la Argentina en la justicia norteamericana. Según detalló, el 30 de septiembre los demandantes presentaron un pedido de revisión del fallo de la Corte de Apelaciones que exoneró a Argentina de pagar los 16 mil millones de dólares. El Gobierno tenía tiempo hasta el 2 de noviembre para dar una respuesta y solicitó más tiempo. "Es totalmente normal. La Corte Suprema hoy le otorgó esa extensión hasta el 2 de diciembre", afirmó Maril.

La prórroga no implica una definición sobre el fondo de la disputa. Lo que resta saber es si la Corte Suprema aceptará o no revisar el caso, una decisión que depende exclusivamente de sus jueces. Sobre ese punto, Maril sostuvo que el expediente de YPF "es muy complejo y tiene alguna chance más de lo que mucha gente le da para que sea aceptado".

La extensión llega pocos días después de que la jueza federal Loretta Preska, del Distrito Sur de Nueva York, cerrara formalmente el caso en primera instancia. La magistrada dejó sin efecto su propia sentencia de 2023 y acató así lo resuelto por la Cámara de Apelaciones. Fuentes de la Procuración del Tesoro explicaron a Infobae que se trata de un trámite que el Gobierno esperaba. "Sería la finalización de la instancia, algo meramente procesal, porque el fallo ya se revirtió en la Cámara de Apelaciones", indicaron.

El litigio se originó en la expropiación de YPF, concretada en 2012 durante el gobierno de Cristina Kirchner. Los fondos Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, vinculados a la familia Eskenazi, y el fondo Eton Park demandaron a la República Argentina. Consideraron que la expropiación violó el estatuto de la petrolera, porque no se respetaron los derechos de los accionistas minoritarios. El fondo de litigios Burford Capital financia el caso y adquirió los derechos de los exaccionistas.

En 2023, Preska condenó a la Argentina a pagar más de 16.100 millones de dólares. Con intereses, el monto llegó a superar los 18.000 millones de dólares. Fue la mayor condena judicial contra un país en la historia de los tribunales estadounidenses.

El Estado argentino apeló la sentencia y el 27 de marzo de este año la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito revocó la condena. El fallo lleva la firma de los jueces Denny Chin y Beth Robinson, con la disidencia de José Cabranes. Los magistrados entendieron que Preska había interpretado de manera errónea el derecho argentino.

La Cámara determinó que la ley argentina de expropiación prohíbe las demandas de terceros que interfieran con un proceso expropiatorio. Además, estableció que los estatutos de una sociedad no constituyen un contrato bilateral entre accionistas que habilite reclamos de daños como los que plantearon los demandantes.

En junio, el plenario del Segundo Circuito, una instancia conocida como en banc, rechazó un pedido de Burford Capital para que se revisara esa decisión. Con eso, la única vía que quedó disponible en Estados Unidos fue una apelación ante la Corte Suprema.

Ese recurso es el que se presentó a fines de septiembre. En la petición, los demandantes calificaron la decisión del Segundo Circuito como "gravemente errónea, totalmente sin precedentes y de consecuencias extremadamente relevantes", según informó Bloomberg. Sostienen que el tribunal de alzada se apartó de precedentes de la Corte Suprema al dar preeminencia a una interpretación del derecho argentino y a una decisión de tribunales locales.

Fuentes oficiales explicaron a Infobae que la presentación no obliga a la Corte Suprema a tratar el expediente. El recurso, conocido como certiorari, es el mecanismo mediante el cual las partes piden la intervención del tribunal, pero son los jueces quienes deciden si aceptan o rechazan la revisión.

Según las mismas fuentes, la Corte recibe entre 7.000 y 8.000 peticiones por período de sesiones y suele conceder la revisión de alrededor de 80 casos. Tampoco hay un plazo fijado para resolver este tipo de pedidos. La complejidad y los antecedentes del litigio dificultan, indicaron, estimar cuándo podría conocerse una decisión.

Desde la Procuración del Tesoro afirmaron que anticipaban este escenario desde el fallo de marzo y que ya trabajan en la estrategia de defensa. "Vamos a seguir ejerciendo la defensa de los intereses del Estado", señalaron.

Si la Corte Suprema rechaza el pedido, quedará firme el fallo favorable a la Argentina. Si, en cambio, decide analizarlo, se abriría una nueva etapa del litigio. Por ahora, la condena por más de 16.000 millones de dólares permanece sin efecto.

En paralelo, Burford también inició acciones ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial, en representación de las sociedades Petersen.