El oficialismo en la Cámara de Diputados se mostró en las últimas semanas receptivo como pocas veces a los planteos de los aliados y bloques provinciales. Las concesiones incluyeron una promesa de restituir los límites a la venta de tierras a extranjeros, la marcha atrás con el ajuste en el área de Discapacidad y una primera ronda de conversaciones sobre las obras públicas que cada provincia recibirá en el marco del Presupuesto 2027.

Este jueves el oficialismo convocó a un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara de Diputados para comenzar con el tratamiento de la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya cuenta con media sanción del Senado. Será el miércoles 14, un día antes de la sesión especial pedida por la oposición, y los libertarios prevén sumar un capítulo sobre extranjerización de la tierra.

La intención es ofrecer una alternativa a los diputados del PRO, la Unión Cívica Radical (UCR), el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y los partidos provinciales, que cuestionan la eliminación de los límites para la adquisición de campos por parte de capitales extranjeros, aunque rechazan una derogación completa del mega DNU 70/23.

Un artículo del mega decreto dejaba sin efecto la Ley de Tierras y habilitaba las compras sin restricciones por parte de extranjeros, pero su aplicación había quedado en suspenso por una cautelar judicial. Sin embargo, la cuestión recuperó centralidad hace dos semanas tras una decisión de la Corte Suprema de Justicia, que dejó sin efecto la sentencia de la Justicia Federal de La Plata que había frenado la desregulación.

El miércoles por la tarde, en las conversaciones entre el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y los representantes de los bloques dialoguistas, nuevamente surgió el pedido de a establecer límites. Una de las opciones que reúne mayor respaldo es restaurar el máximo del 15% de la superficie rural de cada provincia o municipio en manos extranjeras.

Ese límite regía antes de la derogación de la norma mediante el DNU 70/23. El oficialismo considera que puede incorporarlo al proyecto de Propiedad Privada porque el capítulo referido a tierras fue retirado durante el tratamiento de la iniciativa en el Senado, antes de la votación en el recinto. La discusión todavía no tiene un texto definitivo. Mientras algunos sectores aliados plantearon recuperar el esquema anterior, otros impulsan fijar un porcentaje mayor.

La estrategia del Gobierno apunta a que los bloques que suelen acompañar a La Libertad Avanza tengan argumentos para no aportar al quórum en la sesión de la oposición (15 de octubre), que necesita 129 diputados presentes para abrir el recinto y, hasta ahora, no tiene garantizados todos los votos necesarios.

Por otro lado, Menem y el Secretario de Hacienda, Carlos Guberman, también se comprometieron el miércoles a mostrar las partidas presupuestarias que se van a destinar al sector de discapacidad y dejaron trascender que harán otras modificaciones al texto del dictamen para asegurarse el apoyo de los bloques que firmaron "en disidencia" porque aún desconfiaban de las intenciones reales del Gobierno.

Para destrabar este tema particularmente sensible ante la opinión pública La Libertad Avanza se comprometió ante los aliados a eliminar la reforma del área que estaba incluida en el proyecto de Presupuesto 2027 y redactó un nuevo proyecto que retoma gran parte de la ley de Emergencia en Discapacidad como el nomenclador único para prestaciones, su actualización por inflación, la compatibilidad de la pensión con un empleo formal o informal y el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como vía para obtener una pensión.

No obstante, todavía quedan pendientes algunos reclamos de los aliados, como una redacción clara que ratifique que las prestaciones se actualizarán mensualmente por inflación y el cronograma de pago de las compensaciones adeudadas, el oficialismo prevé llevar el tema al recinto el próximo 21 de octubre.

En la misma reunión el Secretario de Hacienda escuchó los primeros planteos de la UCR, que reclamó preservar el financiamiento de las universidades nacionales, y de los bloques provinciales que se mostraron particularmente interesados por la obras, especialmente viales, asignadas para sus distritos en el Presupuesto de cara al año que viene. Las obras y los fondos que recibirán las provincias serán moneda de cambio en una negociación mucho más importante para el Gobierno: la eliminación de las PASO.

La reforma política, que tiene como principal objetivo suspender las elecciones primarias para simplificar el calendario y dificultar la organización de la oposición, necesita del apoyo de los gobernadores, principalmente del norte del país. Los mandatarios provinciales no solo siguen con atención las planillas presupuestarias sino los movimientos políticos de La Libertad Avanza en sus respectivos distritos. Si bien algunos descartan una alianza electoral con los violetas, sí esperan garantías de que el oficialismo no jugará a fondo con candidatos propios.