El Tribunal Supremo de Brasil ordenó este miércoles que Eduardo Bolsonaro comience a cumplir la pena de cuatro años y dos meses de prisión por coacción a la Justicia. El magistrado Alexandre de Moraes, instructor de la causa, incluyó al exdiputado en el registro de condenados con órdenes de arresto pendientes y dispuso la cancelación de sus pasaportes. Bolsonaro reside en Estados Unidos. No trascendió si Brasil iniciará un trámite de extradición.

Moraes sostuvo que, rechazados los últimos recursos, el proceso adquirió la condición de cosa juzgada y la sentencia es inapelable. Hace dos semanas, el tribunal había desestimado por unanimidad la última apelación de la defensa y confirmado un régimen inicialmente semiabierto. A la pena se suma una inhabilitación política de ocho años, que le impide presentarse a cargos públicos hasta 2038.

La decisión coincide con el momento más sensible de la campaña. Flávio Bolsonaro, senador y hermano del condenado, fue el candidato más votado el domingo pasado, con el 47%, y disputará el 25 de octubre la presidencia con Lula, que obtuvo el 45% y aspira a la reelección. Eduardo participa activamente en la campaña de su hermano y ha insinuado que aspira a la cancillería si este gana.

El caso nace de la ofensiva diplomática que Eduardo Bolsonaro desplegó desde comienzos de 2025, cuando se instaló en Estados Unidos y dejó su escaño en la Cámara de Diputados. Alegó una persecución política y judicial. Su objetivo era conseguir el respaldo de la Administración de Donald Trump para su padre, juzgado entonces por intentar revertir la derrota electoral de 2022 frente a Lula.

Las gestiones tuvieron consecuencias concretas. A fines de julio de 2025, Washington sancionó a Moraes, a quien acusó de detenciones arbitrarias que violan los derechos humanos. Trump, que calificó el proceso contra Jair Bolsonaro de "caza de brujas", justificó además con ese juicio la imposición de aranceles del 50% a buena parte de las importaciones brasileñas. En julio de 2025, Moraes había congelado las cuentas y los bienes de Eduardo Bolsonaro por la sospecha de que financiaban esa presión sobre el Gobierno de Lula.

El Supremo condenó a Jair Bolsonaro en septiembre de 2025 a 27 años y 3 meses de prisión por el intento de golpe de Estado. Eduardo fue sentenciado el 16 de junio de 2026 por la Primera Sala, formada por cuatro magistrados, que votaron de forma unánime. La Fiscalía había pedido antes que se rechazara retirarle el pasaporte cuando era diputado, y Moraes lo denegó entonces. La cancelación actual es posible porque ya existe una condena firme.

El historial judicial del exdiputado no se agota en esta causa. En septiembre fue condenado a 1 año de prisión por difamar a la diputada Tabata Amaral y destituido como escribiente de la Policía Federal por abandono de cargo. Eduardo Bolsonaro mantiene que es víctima de persecución.

La ejecución de la pena tiene, por ahora, un alcance práctico limitado mientras permanezca fuera del país. La cancelación de los pasaportes restringe sus movimientos, y la orden de arresto lo expone a ser detenido si pisa territorio brasileño. Su condición de condenado, en cambio, ya es irreversible.

El efecto político será más visible si Flávio Bolsonaro gana el balotaje y asume el 1 de enero. Un nombramiento de Eduardo como canciller chocaría con una condena firme y una orden de prisión pendiente.