El Vaticano confirmó este martes la culpabilidad del sacerdote argentino Carlos Miguel Buela, fundador del Instituto del Verbo Encarnado (IVE) y de las Siervas del Señor y de la Virgen de Matará (SSVM) en San Rafael, Mendoza, por abusos cometidos contra varias personas. El religioso murió en 2023, en Génova, Italia.

Tanto el Tribunal Penal Especial de Primera Instancia como el Tribunal de Apelación alcanzaron la denominada "certeza moral" sobre su responsabilidad por hechos encuadrados en "un delito contra el sexto mandamiento, cometido con violencia contra varias personas", según informó este martes Vatican News.

La resolución supone la culminación de un proceso de dos instancias dentro de la Iglesia y estableció definitivamente la culpabilidad de Buela por múltiples delitos contemplados en el canon 1395 del Código de Derecho Canónico, referido a delitos contra la moral sexual.

La decisión fue comunicada a través de un documento firmado por Simona Brambilla, prefecta del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, y por los delegados pontificios José Antonio Satué Huerto, obispo de Teruel y Albarracín, y Clara Echarte.

Los dos últimos fueron designados en enero de 2025 para acompañar a las ramas masculina y femenina de la congregación fundada por Buela en Argentina durante la década de 1980.

La confirmación de la responsabilidad del sacerdote llega tres años después de su muerte y tras años de denuncias en su contra. Según precisó el Vaticano, Buela había sido acusado de abusos sexuales por cerca de 20 seminaristas desde la década de 2000.

La decisión fue comunicada oficialmente por los delegados pontificios a los superiores provinciales de ambos institutos durante una reunión realizada en Roma el pasado 14 de septiembre, de la que también participaron autoridades del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada.

Las acusaciones contra el sacerdote argentino llevaban años bajo análisis de las autoridades eclesiásticas.

En diciembre de 2016, la Iglesia admitió por primera vez la veracidad de las denuncias en su contra. En aquel momento, el Vaticano había señalado que no se habían constatado casos de abusos de menores atribuibles al fundador del IVE, pero sí denuncias relacionadas con conductas sexuales que habían afectado a religiosos y seminaristas del Instituto.

La Santa Sede determinó entonces, luego de garantizar el derecho de defensa del sacerdote, "la veracidad de las denuncias y la imputabilidad al padre Buela de comportamientos impropios con mayores de edad".

Uno de los denunciantes cuestionó en aquel momento la forma en que se arribó a esa conclusión. Sostuvo que existían más de una docena de casos de adultos en situación de vulnerabilidad, debido a que eran subordinados de Buela o estaban bajo su dirección espiritual. Para entonces, al religioso ya se le había prohibido cualquier ejercicio ministerial y cualquier acto sacerdotal, tanto público como privado.

Ahora, una década después de aquella comunicación, el Vaticano informó que los dos tribunales eclesiásticos que intervinieron en el proceso alcanzaron la "certeza moral" de su culpabilidad por los hechos cometidos con violencia contra varias personas.

Al comunicar la resolución, las autoridades eclesiásticas señalaron que la difusión de las conclusiones busca contribuir al "restablecimiento de la verdad" y constituir un acto de justicia para quienes sufrieron daños como consecuencia de la conducta del fundador del Instituto.

El Vaticano sostuvo además que la decisión deberá servir para avanzar en un proceso de revisión, renovación y purificación de la espiritualidad, la formación y el apostolado de los dos institutos fundados por Buela.

El IVE y las Siervas del Señor y de la Virgen de Matará fueron fundados en la Diócesis de San Rafael, Mendoza, y actualmente tienen su sede principal en la Diócesis de Velletri-Segni, en Italia. Con los años, ambas organizaciones religiosas se expandieron a más de 25 países de los cinco continentes.

La Santa Sede siguió de cerca durante años la situación interna de los institutos. El cardenal español Santos Abril y Castelló llegó a desempeñarse como comisario pontificio de la rama masculina ante los problemas de gobierno interno y las acusaciones de abuso de poder y de naturaleza sexual contra su fundador. Su tarea concluyó en 2025 con la designación de los actuales delegados pontificios.