En el marco de una causa por una presunta red de estafas financieras, lavado de activos e intermediación financiera no autorizada, la Justicia solicitó que 26 personas sean citadas a declarar. La pesquisa apunta a la supuesta academia de inversiones EquiQuant Capital, que habría captado víctimas mediante redes sociales con promesas de rendimientos elevados.

El fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, Andrés Esteban Madrea, solicitó la indagatoria ante el juez Darío Bonanno, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°33. La investigación abarca, al menos, 17 casos de estafa y se extendió a distintas jurisdicciones del país a partir de denuncias de personas que afirmaron haber sido engañadas durante la segunda mitad de 2025. Se estima que el perjuicio económico causado supera los $1.500 millones.

La maniobra bajo análisis se habría iniciado con publicaciones y contactos a través de redes sociales. Según la pesquisa, los responsables de la estructura se presentaban como asesores financieros y buscaban atraer a personas interesadas en invertir sus ahorros en acciones, bonos y otros instrumentos del mercado de capitales.

Los supuestos asesores indicaban a las víctimas cómo transferir fondos a cuentas digitales. El dinero luego aparecía registrado en la plataforma web "EQCapital". La aplicación y el uso de terminología bursátil contribuían a dar apariencia de legitimidad a la maniobra.

El engaño se hacía evidente cuando los usuarios intentaban retirar el capital o las ganancias que la plataforma mostraba. Según los relatos incorporados al expediente, los interlocutores les exigían nuevos pagos para liberar los activos, afrontar presuntos tributos de ARCA o abonar honorarios a intermediarios financieros. Las víctimas transferían esos montos adicionales sin lograr recuperar el dinero invertido.

La causa se originó a partir de una denuncia a la que se agregaron otras 16, radicadas en fiscalías porteñas y ante la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI). Sin embargo, el caso también presentó ramificaciones en Chubut, Córdoba, Santa Fe y la provincia de Buenos Aires.

En las primeras medidas, Madrea solicitó colaboración a la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y a la División Lavado de Activos de la Policía Federal Argentina. En paralelo, se conoció una investigación más avanzada en Chubut, a cargo del fiscal Fernando Rivarola, de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelitos y Evidencia Digital de esa provincia.

A propuesta de Rivarola, en mayo se conformó un Equipo Conjunto de Investigación (ECI) para compartir pruebas, unificar criterios, seguir la ruta del dinero y coordinar medidas cautelares, entre ellas el congelamiento de cuentas bancarias y billeteras virtuales.

Según la hipótesis fiscal, una parte del dinero obtenido mediante las presuntas estafas habría sido destinada a la compra de criptoactivos. Otros fondos habrían seguido un circuito de cambio de divisas por fuera de los mecanismos autorizados o se habrían usado para cancelar obligaciones de terceros.

Según Fiscales, la pesquisa considera que las sociedades involucradas no desarrollaban una actividad económica real y que habrían funcionado como vehículos para recibir y mover dinero de origen presuntamente ilícito. El caso también analiza si existieron personas que aportaron su identidad y documentación para crear compañías, abrir cuentas y ponerlas a disposición de la estructura investigada.

Madrea solicitó la indagatoria de cuatro hombres y una mujer como presuntos coautores de estafas reiteradas, lavado de activos e intermediación financiera no autorizada. La fiscalía les atribuye haber tenido control sobre la plataforma digital, las sociedades comerciales y los fondos recaudados.

El fiscal sostuvo que la operatoria habría requerido una estructura con funciones diferenciadas: captación de potenciales inversores, administración de cuentas receptoras y posterior circulación de los activos dentro del sistema económico.

También solicitó convocar a otras 19 personas en calidad de partícipes necesarias, bajo la hipótesisi de que habrían colaborado en la creación de socidades sin actividad genuina. El pedido incluye también a un hombre y una mujer acusados, en esta etapa, de haber prestado una colaboración relevante para presuntas maniobras de lavado de activos e intermediación financiera sin autorización.

Como medida cautelar, el fiscal pidió inmovilizar las cuentas bancarias y billeteras virtuales de las empresas y personas investigadas. El juez Bonanno hizo lugar a ese requerimiento y ordenó su ejecución a través del Banco Central de la República Argentina.