El gobierno de Yamandú Orsi en Uruguay está preparando cambios para el programa de las misiones médicas cubanas, luego de los cuestionamientos señalados por la Embajada de Estados Unidos, informó el semanario Búsqueda. Esto ocurre después de que la administración de Donald Trump incluyera al país en un reporte sobre "trabajo forzoso" y advirtiera por una posible pérdida de la asistencia internacional que recibe.

A principios de mes, Radio Sarandí informó que el Departamento de Estado había comunicado al gobierno de Orsi la posibilidad de que Uruguay sea incluido entre los países que contratan mano de obra esclava. Agregaron que continuar con el programa de médicos cubanos implicaría que el gobierno de Estados Unidos pueda suspender toda la ayuda militar para el país.

El Departamento de Estado de Estados Unidos detectó que 21 profesionales cubanos participaron este año en el programa. Esta cifra es lejana a los 3.650 profesionales de esa nacionalidad que trabajan en México.

"El régimen cubano mantiene una política o un patrón de trabajo forzoso en su programa de exportación de mano de obra –que incluye las misiones médicas–, del cual obtiene beneficios", dice el informe, consignado por el semanario uruguayo.

Ahora el gobierno uruguayo busca encontrar un punto de equilibrio, de forma de seguir con un programa que considera valioso pero levantando las observaciones estadounidenses.

¿Cuál es el inconveniente marcado por Estados Unidos? Que los gobiernos pagan "directamente al régimen cubano por los servicios de los trabajadores, incluidos algunos que también podrían estar abonando un estipendio a los propios trabajadores".

Desde la Embajada de Estados Unidos indicaron a Búsqueda que Uruguay apareció por primera vez en el informe de 2026 "por el hecho de que los mismos médicos reciben remuneración por su trabajo atendiendo al pueblo uruguayo".

Ahora, la Cancillería está trabajando junto al Ministerio de Salud Pública, la Administración de los Servicios de Salud del Estado (el prestador de salud estatal) y el Banco de Previsión Social para concretar cambios al programa. Específicamente, lo que buscan es consolidar un mecanismo que implique un pago directo a los médicos. Según el artículo periodístico, esto no modificaría el convenio firmado entre Uruguay y Cuba pero resolvería la crítica de Estados Unidos.

Son varios los actores del gobierno que se expresaron a favor de este programa. Uno fue el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, quien destacó que el acuerdo entre los estados permitió que "miles de uruguayos pudieran ver". "Nosotros lo reconocemos y lo valoramos mucho", expresó el funcionario que tiene un cargo similar al de un jefe de gabinete.

Una vez difundida la información de la advertencia norteamericana, el canciller de Uruguay, Mario Lubetkin, señaló que la atención de médicos cubanos se iba a mantener pero reconoció diálogos con Estados Unidos.

"Tenemos diálogos sobre este y otros temas. En política exterior el diálogo es permanente", dijo, aunque marcó que oficialmente no hubo contactos.

"Esta experiencia de estos profesionales ha sido extraordinaria en el país. Le ha dado vista a mucha, mucha, gente. Por fuera de cualquier connotación política o de pensamientos. Las experiencias positivas las vamos a preservar, en un marco de acuerdo y de diálogo con todos los actores", agregó en una rueda de prensa días atrás el canciller.

Lubetkin dijo que pretende que los países y sus contrapartes estén "cómodos" con las decisiones del Estado uruguayo.

El programa surgió en 2007, cuando Uruguay y Cuba firmaron un acuerdo para que brigadas cubanas dieran asistencia oftalmológica a uruguayos.

Hasta julio del año pasado se habían realizado más de 900.000 consultas, unas 118 mil cirugías de ojos y 218.000 pesquisas.

El convenio consiste en que el BPS (organismo previsional de Uruguay) para una partida anual de USD 250.000 por estipendios, pasajes y costos de traslados, entre otros.