El miércoles por la mañana, la localidad de Malvinas Argentinas se convirtió por unas horas en el epicentro de la industria argentina. Unos 200 empresarios, dirigentes de cámaras, funcionarios y referentes del mundo productivo se reunieron en la planta del Laboratorio Elea para celebrar el Día de la Industria en un clima que combinó propuestas técnicas con una frustración difícil de disimular. El telón de fondo es ya conocido: una relación tensa entre el empresariado manufacturero y el Gobierno, en un escenario en el que la industria que acumula una caída del 10% desde 2022, con sectores que registran bajas de entre 25% y hasta 30 por ciento.

En este contexto, hay un consenso que nadie parece discutir: el rumbo macroeconómico ?superávit fiscal, baja de la inflación, fin del cepo? es el correcto, aseguraron empresarios de todos los sectores en los pasillos del evento. Pero ese acuerdo convive con una fractura igualmente extendida: quienes producen y comercializan en el mercado interno ?la gran mayoría de los participantes de la UIA? reclaman que el orden macro no está derramando hacia la economía real con la urgencia que la situación exige. Esa tensión fue el verdadero hilo conductor de la jornada, tanto en el escenario como, con menos protocolo, en los pasillos.

Isaías Drajer, presidente de Elea, ofició de anfitrión y abrió la jornada con un retrato de la industria farmacéutica nacional. El sector invierte más de USD 300 millones anuales para ampliar y modernizar su capacidad productiva, da empleo calificado a 48.000 personas de forma directa y a 120.000 de manera indirecta, y genera exportaciones por más de 1.500 millones de dólares anuales. Elea, en particular, exporta a más de 40 países ?entre ellos Brasil, Colombia y Perú, mercados con exigencias regulatorias estrictas? y genera más divisas de las que consume en importaciones.

En este sentido, Drajer expuso una paradoja del mercado local: en unidades, el 75% de los medicamentos que se venden en la Argentina proviene de laboratorios nacionales, pero en términos de valor esa proporción cae al 50%. En cambio, la industria extranjera se lleva la mitad de la facturación con apenas el 25% de las unidades vendidas. Menos volumen, más precio: esa es la ecuación de los laboratorios foráneos frente a los nacionales. "Sin industria no hay país", parafraseó Drajer al expresidente Carlos Pellegrini, en una frase que sintetizó el espíritu del encuentro.

Desde el escenario, Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), organizó su discurso alrededor de una imagen: la industria necesita un puente entre la economía que se deja atrás y la que se quiere construir. Ese puente tiene siete puntos: actividad y crédito, competitividad y costo argentino, competencia desleal, energía, morosidad, infraestructura y modernización laboral. El eje que más resonó fue el del contrabando: en algunos rubros, dijo Rappallini, los productos que ingresan por circuitos irregulares representan entre el 30% y el 50% del mercado, con contenedores subfacturados que compiten con la producción local y deprimen los precios. "Esto lejos está de ser libre mercado, es competencia desleal", afirmó. Y agregó una frase que varios empresarios repitieron después en los pasillos: "La industria le está poniendo el hombro en la estabilización."

El contexto político del encuentro es inseparable de lo que ocurrió en el Día de la Industria de 2024, cuando Milei llamó a los industriales "prebendarios" y "adictos al Estado" en su propia casa. Meses después, ningún funcionario concurrió a la Conferencia Industrial. Este año, la ausencia del presidente era un dato descontado. Tampoco estuvo el ministro de Economía, Luis Caputo, quien viajó a Estados Unidos por el G20 y luego asistió a un evento de la Fundación Libertad y Progreso.

El vínculo entre los industriales y la cartera económica se sostiene principalmente a través de Pablo Lavigne, secretario de Coordinación de la Producción, quien sí participó del acto. Los empresarios señalan que se reúnen periódicamente con el funcionario, quien recibe sus inquietudes, aunque los resultados concretos han sido escasos frente al caudal de propuestas que el sector presentó al gobierno en los últimos dos años y medio.

Por otro lado, la tensión con Caputo tiene su propio episodio reciente: el ministro se refirió a quienes hablan de industria como "tarados", una frase que varios empresarios mencionaron en privado durante la jornada.

Fuera del escenario, las conversaciones fueron más directas. La postura dominante entre los industriales consultados combina respaldo a los pilares del modelo con una frustración creciente ante la falta de derrame hacia la economía real. "El Gobierno va a morir con las botas puestas. No esperamos reacción", resumió un empresario en privado. Otro fue más concreto sobre la urgencia: "Los sueldos los tenemos que pagar ahora. No es que se van a poder pagar cuando la micro mejore. No hay tiempo".

Las comparaciones más crudas apuntaron al año 2001. Varios participantes describieron una cadena de suministro bajo presión, con cheques rechazados entre proveedores y dificultades crecientes para sostener las operaciones. "Estamos como en 2001", graficó uno de los presentes, respecto al quiebre de la cadena de suministro, efecto de cientos de concursos, quiebras y cierres definitivos de empresas proveedoras de insumos.

La mora de las empresas también fue uno de los tópicos más urgentes y, según coincidieron varios referentes, el Gobierno no tiene intenciones de ceder en ese frente. De hecho, algunos representantes admitieron haberse reunido con la agencia de recaudación para apaciguar las ordenes de embargo, ya que termina por asfixiar a una empresa que busca salir de sus dificultades financieras.

El consumo fue otro punto de tensión recurrente. "No se vende nada, ni lo importado ni lo nacional", sintetizó un industrial. La caída de la demanda interna no encuentra reconocimiento oficial, algo que los empresarios mencionaron con evidente malestar.

También circuló con fuerza la preocupación por el contrabando: "Es un colador", reconocieron y comentaron que ingresan al país contenedores con mercadería subfacturada que compite con la producción local, lo que termina por derrumbar los precios, en sectores donde ?según estimaciones compartidas durante el encuentro? los productos irregulares ya representan entre el 30% y el 50% del mercado.

En medio del diagnóstico sombrío, una idea ganó terreno en las conversaciones informales: la posibilidad de un Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) específico para la construcción. Los industriales lo describieron como una herramienta capaz de dinamizar una cadena con alto impacto en el empleo y con fuerte efecto de arrastre sobre proveedores de materiales, servicios y logística. La iniciativa no tiene aún forma oficial, pero fue mencionada como una de las pocas señales posibles de reactivación a corto plazo.

"La industria genera clase media. Se está destruyendo el entramado productivo. Hay que cambiar el modelo", resumió un empresario al cierre del encuentro. Rappallini, desde el escenario, había dicho algo similar con otras palabras: "Lo que hoy estamos discutiendo es qué país construimos para los próximos 30 años."