Las órdenes que movilizaron a las patrullas militares, los nombres de los uniformados que participaron y los lugares a los que fueron trasladados los detenidos se convirtieron en información determinante para 53 familias ecuatorianas. Sus parientes desaparecieron después de operativos ejecutados en el contexto del conflicto armado interno y, casi dos años después, continúan sin conocer su paradero.

Familiares procedentes de Los Ríos, Guayas y Esmeraldas llegaron el 1 de septiembre hasta el Palacio de Carondelet, en Quito, para exigir al Gobierno de Daniel Noboa que permita el acceso a los registros de esas intervenciones. Con fotografías de los desaparecidos, reclamaron que el Ministerio de Defensa entregue los documentos solicitados por la Fiscalía y los organismos internacionales de derechos humanos.

Los 53 casos fueron recopilados por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), que acompaña a los denunciantes. Se trata de presuntas desapariciones relacionadas con agentes estatales, no de hechos establecidos judicialmente en su totalidad. Cada expediente debe determinar si existió una detención, qué unidad intervino y qué ocurrió posteriormente con la persona retenida.

Uno de los casos es el de Dave Robin Loor Roca, desaparecido el 26 de agosto de 2024 en Ventanas, provincia de Los Ríos. Su tía, Diana Roca, aseguró que existe un informe en el que un capitán reconoce que una patrulla militar se llevó al joven. La familia, sin embargo, todavía desconoce la identidad de todos los uniformados que participaron y el destino que tuvo después del operativo.

Priscila Mendoza busca a su esposo, Dalton Ruiz, desde octubre de 2024. Según su relato, el hombre regresaba de un rodeo montuvio con dos amigos cuando soldados interceptaron el vehículo en el que viajaban. Los acompañantes pudieron continuar, mientras Ruiz quedó bajo custodia. Desde entonces no se conoce su ubicación.

En Quinindé, Esmeraldas, Cirilo Minota habría sido detenido junto con otros dos hombres el 4 de abril de 2024. Los dos acompañantes aparecieron posteriormente con lesiones, pero Minota continúa desaparecido. Su hermana, Mauriuxi, viajó a Quito para reclamar que las autoridades informen dónde terminó la intervención.

Las denuncias llevaron el caso al sistema interamericano. El 24 de diciembre de 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concedió medidas cautelares a 26 personas desaparecidas y seis mujeres que participan en su búsqueda. El organismo consideró que se encontraban en una situación grave y urgente y advirtió sobre amenazas e intimidaciones contra algunas familiares.

La resolución ordenó a Ecuador reforzar las búsquedas mediante un plan con resultados medibles, facilitar inmediatamente la información disponible, proteger a las mujeres beneficiarias e investigar los hechos con la debida diligencia. Las medidas corresponden a 26 personas individualizadas y no abarcan automáticamente los 53 casos documentados por el CDH.

Durante una reunión de seguimiento del 5 de junio de 2026, el Estado debía preparar un cronograma para proporcionar órdenes operativas, identificación de unidades y datos de las patrullas movilizadas. Las organizaciones denunciaron que el Ministerio de Defensa alegó posteriormente que parte de la documentación era reservada y que sus representantes no acudieron a una mesa institucional prevista para el 31 de julio.

Hasta el 2 de septiembre, la cartera de Defensa no había emitido una respuesta pública específica sobre las acusaciones formuladas en el plantón. La versión de que existe una negativa a colaborar corresponde al CDH y a los representantes de las familias.

Los denunciantes presentaron una petición ante la Corte Constitucional para exigir el cumplimiento de las medidas cautelares y anunciaron otra acción dirigida a desclasificar los documentos. Su argumento es que la Constitución ecuatoriana impide mantener bajo reserva información relacionada con posibles violaciones de derechos humanos.

Mientras los procesos avanzan en la Fiscalía, las familias organizaron un comité permanente para continuar las búsquedas. Su reclamo se concentra ahora en reconstruir las horas posteriores a las detenciones: quién dio las órdenes, quiénes integraron las patrullas y dónde fueron dejadas las personas que nunca regresaron a sus hogares.