La Fiscalía Federal de Campana y la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (UFECO) solicitó elevar a juicio la causa por asociación ilítica contra 11 personas. Esta banda se dedicaba a desviar armas de fuego del mercado legal hacia canales irregulares. La causa incluye a nueve hombres, entre ellos un oficial de la Policía de la Ciudad, y a dos mujeres.

De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal de la Nación, los fiscales Sebastián Bringas y Santiago Marquevich sostuvieron que la organización habría operado al menos desde el 22 de enero de 2022 con una modalidad centrada en la compra, registración y circulación irregular de armamento. La hipótesis fiscal indica que los acusados utilizaban personas interpuestas o titulares aparentes para registrar armas a su nombre, aunque ese material luego no permanecía bajo su custodia ni aparecía en los domicilios declarados como lugar de guarda.

Durante la pesquisa, se verificó que al menos 742 armas de fuego figuraban registradas a nombre de integrantes de la organización y no fueron halladas ni en su poder ni en sus domicilios. Para los fiscales, ese faltante constituye uno de los principales indicios de un esquema destinado a abastecer el mercado ilegal.

La causa comenzó en septiembre de 2024, cuando la UFECO presentó una denuncia ante la Fiscalía Federal de Campana a partir de una investigación preliminar de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC). Según esa línea de trabajo, podía existir una estructura dedicada a comprar armas de manera presuntamente regular en el mercado formal, con fondos aún no determinados, para luego desviarlas al circuito clandestino.

La pesquisa también buscó establecer si nuevos legítimos usuarios registrados desde el 2 de enero de 2022, junto con mandatarios, gestores y usuarios comerciales, actuaban de forma coordinada en esas operaciones y si algunas de esas personas habían tenido armamento sin la debida autorización legal.

El 27 de abril de este año se concretaron 140 allanamientos, ordenados por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, en domicilios de la Ciudad de Buenos Aires y de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta, San Luis, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán. Parte de los involucrados quedaron detenidos durante esos operativos y una de las personas imputadas se presentó de manera espontánea ante las autoridades.

Se secuestraron unas 120 armas de fuego, entre ellas pistolas, revólveres, carabinas, pistolones, una escopeta semiautomática, cargadores y municiones.

El 15 de mayo, tras tomarles declaración indagatoria a los acusados, el juez dispuso el procesamiento con prisión preventiva de R.J.M. como presunto jefe de la asociación ilícita y de otros once imputados como miembros. También los consideró coautores del delito de provisión y circulación ilegal de armas de fuego, previsto en el artículo 189 bis, inciso 4, del Código Penal. En el caso del oficial de la Policía de la Ciudad, identificado como W.C.N.M., el magistrado sumó el cargo de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El juez también ordenó embargos sobre los bienes de los imputados por montos de entre 100 y 150 millones de pesos, de acuerdo con el nivel de participación atribuido y los delitos asignados a cada uno. El 4 de junio, el Juzgado Federal de Campana resolvió declinar competencia en favor del Juzgado Federal N°1 de Mendoza para investigar los hechos vinculados con la actividad de una de las armerías que funcionaba en esa provincia.

La acusación sostiene que existió "una mancomunidad de voluntades orientadas a la comisión de diversos delitos" y que ese acuerdo tuvo como base la compra aparentemente regular de armas para luego derivarlas al mercado informal. Si el planteo del Ministerio Público supera la etapa de control judicial, el expediente quedará en condiciones de avanzar hacia el juicio oral, una instancia en la que se discutirá la responsabilidad penal de los acusados y el alcance de la maniobra.