Los hechos que se investigaban apuntaban a que Shakira, “movida presuntamente por el deseo de no tributar por la totalidad de sus rentas y de dejar de ingresar en las Arcas del Estado lo que le correspondía, presentó declaraciones inveraces de IRPF e IP por el ejercicio 2018, omitiendo declarar rendimientos y deduciéndose gastos que no procedían”.

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Las diligencias de la Fiscalía sostenían que la artista colombiana cobró parte de los ingresos que percibía por la cesión de sus derechos musicales a través de una sociedad constituida en Luxemburgo con la que firmó varios “contratos simulados”, de forma que se benefició de una tributación “muy reducida” que en el ejercicio de 2018 se situó en el 1,39%. También refiere la querella que Shakira utilizó otra sociedad instrumental, constituida en España en 2017, para “contabilizar los ingresos y los gastos correspondientes” a su gira.

En concreto, el Ministerio Público mencionaba otras 17 sociedades “instrumentales” con sede en Holanda, Malta, Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Bahamas, Miami, Nueva York o Liechtenstein que la cantante utilizó supuestamente para gestionar los ingresos procedentes de su carrera musical así como el mantenimiento de su patrimonio inmobiliario y financiero.

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