Miguel A. nació en Buenos Aires el 2 de diciembre de 1948. El 27 de agosto de 1971, cuando contaba con 22 años, el muchacho que levantaba paredes de edificios y cosechaba en el campo tuvo la mala suerte de trabajar en Córdoba y de encontrar en su camino al entonces juez federal subrogante de Bell Ville, Eudoro Vázquez Cuesta.

Por estas horas, es imposible conocer las circunstancias de su detención, pero lo cierto es que, por lesiones leves (excarcelable), aquel magistrado ordenó su procesamiento y encierro en el hospital psiquiátrico Emilio Vidal Abal, de Oliva.

Hoy resulta imposible saber por qué causa fue detenido, ya que hace dos años hubo una importante quema de expedientes judiciales del Tribunal Federal de Bell Ville. Obviamente de casos que se supone habían prescripto. Sin embargo, Miguel A., más de 47 años después, sigue procesado y encerrado, superando el récord del psicópata y múltiple asesino Carlos Eduardo Robledo Puch, quien está preso desde el 4 de febrero de 1972.

En esa época gobernaba el país un presidente de facto, Alejandro Agustín Lanusse. Fue sucedido por Héctor Cámpora, elegido en elecciones democráticas. Luego vino el tercer mandato de Juan Domingo Perón. Al fallecer el líder peronista asumió su segunda esposa, María Estela Martínez. La débil mujer no resistió el embate militar y resignó su mandato ante la más feroz dictadura de la historia argentina. Vendrían, en el retorno a la democracia, Raúl Ricardo Alfonsín, Carlos Menem, Fernando de la Rúa, Adolfo Rodríguez Saá (sólo una semana como presidente), Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri.

¿Se habrá enterado de todos estos cambios institucionales el ciudadano Miguel A.? Probablemente no. La falta de memoria de un juez federal y de sus colaboradores más el desinterés institucional de un “loquero” convertido en depósito de seres humanos contribuyeron a que el muchacho desapareciera para ser un prisionero, un loco más, sin nombre.

Debieron transcurrir 47 años para que se visualizara un interés humanitario por esa gente depositada en la Colonia Vidal Abal, en especial por Miguel A., el menor de una familia diezmada por el paso de los años que hoy no tiene otro lugar para ir a vivir, pese a ser considerado “una persona normal”.

Miguel A., por antojo de un juzgado y por la indolencia institucional, pasó 47 años procesado y encerrado. Por estas horas, el juez federal de Bell Ville y el defensor oficial están tratando de buscar respuestas a lo inexplicable.

INFO. LA VOZ DEL INTERIOR.